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A finales de agosto del 2011, el entonces gobierno de Laura Chinchilla firmó el contrato con APM Terminals, a quien concesionó la construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Pasó el resto de esa administración; una más con Luis Guillermo Solís (2014-18); la mitad de otra con Carlos Alvarado, y el país sigue sin ver un plan consolidado con los proyectos que ejecutará, con el canon cobrado a la empresa.

El Estado costarricense ha sido incapaz de generar un banco de proyectos y una cartera de inversiones para los miles de millones de colones recibidos por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), desde finales del 2018.

En este momento, hay más de $15 millones ociosos – más de ¢8.460 millones al tipo de cambio actual – en una cuenta de Japdeva, acumulados tras más de 14 meses de pagos. Por contrato, APM Terminals debe transferir un monto determinado todos los meses como canon, equivalente al 8% de sus ganancias netas mensuales, distribuidas en:

  • 1% de fiscalización
  • 5% de canon de explotación
  • y 2,5% de contribución para el “desarrollo socioeconómico” de Limón

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La cantidad varía mes a mes, según la carga neta que recibe APM. La empresa indicó a El Observador que desde el inicio del periodo de prueba hasta el cierre del 2019 se transfirieron más de $15 millones (ver gráficos).

La presidenta de Japdeva, Andrea Centeno, señaló cifras levemente menores: desde que se ingresaron a partir de octubre del 2018 (15 meses) se recibió un promedio de $850.000 por mes y actualmente hay “poco más de $14 millones” en sus arcas.

“Bajo una cuenta que tiene Japdeva en el Banco de Costa Rica. Nada ha sido ejecutado. Está en la cuenta”, afirmó.

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Evaluando oferta de empresa multilateral

En febrero del 2019, el presidente Alvarado inauguró oficialmente la TCM. Para la actividad invitó a Laura Chinchilla. (Facebook Claudia Dobles)

Según explicó Centeno, para ejecutar los fondos se debe establecer primero el mecanismo financiero para la gestión de proyectos. Al iniciar su periodo, se discutía la posibilidad de un fideicomiso. Se generaron los términos de referencia; se consultó a la Contraloría qué entidades financieras podrían ser las encargadas; y se hizo una audiencia precartelaria con cinco bancos.

Con dichas instituciones, Japdeva conversó sobre el posible cálculo de cobro, con el faltante de un banco de proyectos específicos para los fondos. Actualmente la institución tiene un fideicomiso para obras, pero con mecanismos de evaluación distintos.

Hoy la Junta evalúa la oferta de una empresa multilateral de desarrollo internacional. Pero apenas tiene “preidentificados” tres posibles proyectos en los cuales invertir los fondos.

“El reto es mientras se logra estructurar la herramienta, poder llevar estos proyectos a evaluación y punto de madurez, para que en el momento en que se puedan usar los fondos no haya un atraso”, afirmó Centeno.

Sin embargo no hay un plan macro. “Parte de las primeras cosas que establecen los fideicomisos (…) es la generación de reglamentos de selección de proyectos, que van a ser las unidades ejecutoras”, justificó.

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La presidenta de Japdeva ejemplificó que esos reglamentos definen restricciones cómo:

  • en qué nivel de avance debe estar un proyecto
  • se aceptarán ideas o solo proyectos con prefactibilidad
  • y tipo de áreas que tocarán los proyectos

En el caso del Caribe ya hay estudios y diagnósticos sobre las principales urgencias para desarrollar una de las zonas más deprimidas y violentas del país.

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Recursos ociosos y sin plan

Aún no es claro cómo se ejecutarán los recursos dados por APM. (Presidencia)

Aunque los recursos apenas generan “ciertos rendimientos”, Centeno defendió que el asunto tiene muchas “particularidades”, aunque acepta que se debe avanzar pronto.

“Están en las cuentas tal cuales. Si entra un proyecto de gran envergadura, esos fondos se podrían invertir. La idea es recuperar tiempo bajo la modalidad que estamos avanzando”, mencionó.

En agosto del 2018, el entonces director de Operaciones de APM Terminals, Keith Svendsen, lamentó que no se tuviera un plan a largo plazo para el uso de los pagos.

“Necesitamos un plan de largo plazo para el desarrollo de la zona (…) Daremos alrededor de $20 millones a Japdeva solo en el primer año y nos gustaría ver un plan de cómo todos desarrollaremos el área de forma positiva. (…) Infortunadamente no hemos visto el involucramiento de estos planes”, dijo al medio digital CRHoy.com en esa fecha, con proyectos urgentes como un acueducto y un plan regulador.

Consultado ahora por El Observador, la concesionaria no quiso comentar sobre el potencial destino de los fondos transferidos. “Es menester de Japdeva”, se limitó a responder la empresa.

Ante la carencia de un plan, Andrea Centeno – quien asumió la presidencia de Japdeva en marzo del 2019 – no quiso juzgar el pasado y se concentra en “recuperar el tiempo”. Matizó que se debe resolver cómo se ejecutará un fideicomiso único.

“(Se) aprobó buscar un mecanismo en el que podamos trasladar los recursos, para que generen un mayor rendimiento mientras terminamos la conversación con la multilateral”, resaltó la jerarca.

Mientras tanto una de las regiones con mayor pobreza (más de 27%), desempleo y bajo desarrollo social sigue sin ver el impacto del cobro.

La Huetar Atlántica es la más golpeada y rezagada en desarrollo social, solo por detrás de la Brunca. (Programa Estado de la Nación)

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