Tomás Gómez
Más de 7.000 folios componen a la fecha el expediente del caso “Madre Patria”, pero si hay un tema que recurrente a lo largo de sus páginas son los lazos familiares entre varios de los investigados, sobre todo en la jerarquía de la organización criminal, llamada así por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El expediente 22-005018-0042-PE al que El Observador tuvo acceso muestra reiteradamente las relaciones personales y familiares entre varios de los integrantes, que llegaron a traducirse también en la integración de sociedades jurídicas a las cuales las autoridades tienen bajo la lupa.
Para darse una idea: las parejas de los dos españoles (de apellidos León y Gómez) a quienes se les endilga ser los “cabecillas” de la organización también figuran entre las investigadas principales.
“Eran ampliamente reconocidos dentro del mundo de las estafas, ya que mantenían en su contra un sinfín de denuncias por estos mismos hechos”, dice uno de los primeros escritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A ellas se unen dos hermanos a quienes también se les atribuye participación importante dentro de las operaciones.
Conforme avanza la investigación hay nuevas ampliaciones de relaciones.
Por ejemplo, hay un hombre a quien se le señala como uno de los principales “testaferros” cuya hija —de 22 años de dad— fue ganando un importante rol dentro de varias sociedades y actividades económicas con que la organización intentaría mover sus negocios.
Este grupo familiar se movía principalmente en el negocio del transporte público de personas.
Personas reales y personas jurídicas
Como se mencionó antes, la vinculación también es recurrente en cuanto a la constitución de las personas jurídicas investigadas.
En las juntas directivas, gerencias y representaciones de estas también aparecen los mismos nombres.
“Se logró observar la vinculación de ellos como miembros en varias ocaciones de las mismas sociedades en las cuales a la hora en la que se realizó los estudios registrales logramos determinar el típico movimiento de legitimación de capitales”, recalca el informe.
“Una sociedad en la cual ellos mantienen un grado de participación, a su vez venden bienes a otra sociedad de la cual los mismos investigados también forman parte; y así logran realizar los movimientos pretendidos”, explican.
Destaca que en algunas terminaban compartiendo nombramientos tanto los sospechosos y hasta sus suegras. En otros casos, los expertos judiciales recalcan la participación que el hijo de una de las notarias y su pareja tenían dentro de las operaciones.
Un esquema profesionalizado
El expediente de “Madre Patria” arranca el 26 de setiembre del 2022 cuando la Sección Especializada de Crimen Organizado del OIJ presenta su informe original.
Ahí detallan casos anteriores que se habían visto de manera individual, pero que terminaron dando indicios de un “modus operandi” recurrente.
Esta observación permitió a los investigadores afirmar que el estilo de trabajo incluso se había logrado afinar.
“Los acá investigados registran varias causas como imputados, lo cual evidencia que estas personas vienen realizando este tipo de actos desde hace varios años atrás; incluso demuestran como han ido mejorando e implementando nuevas estrategias para lograr su objetivo de despojar a una serie de personas ilícitamente de sus bienes”
Participantes se multiplicaron
Otro de los cambios que se van configurando conforme avanzan las páginas del expediente de “Madre Patria” es como el número de personajes se va multiplicando.
En el primer informe los protagonistas eran las dos parejas, los dos hermanos y tres notarios. Los únicos adicionales eran el hijo y la nuera de una de esas juristas.
Luego, la revisión del OIJ va ubicando más personas que intervenían en esta operación con roles específicos.
Con todo esto, el 31 de enero del 2023 se pidió la declaratoria de “Crimen Organizado” en el caso.
En otros documentos en OIJ recalca el reproche a ese tipo de operaciones, pues recarga en otras figuras las responsabilidades legales.
El segundo caso más grande de la historia
“Madre Patria” llevaba dos años y medio de investigación, pero reventó el martes con 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Al grupo se le decomisaron 38 vehículos y 13 buses de servicios en Alajuela y Puntarenas; además de objetos que van desde un arma hasta una colección de relojes.
En total se investiga a 54 personas como parte de una estructura sospechosa de acceder a terrenos.
Los implicados operarían en una estructura que tomaba esas propiedades aprovechando su desocupación o la desintegración de las personas jurídicas. De ahí se daba la venta a personas que los compraban de buena fe.
La transacción generaba millones de colones que en apariencia eran blanqueados de diferentes formas, para lo que se recurría a profesionales de diversas áreas.
Por ejemplo, se identificó a un juez que, eventualmente, facilitaría sus sociedades de venta tipo “outlet” o de transporte de mercancías. De la misma manera, el experto daría asesoría legal.
Otro eje es la participación del grupo en el sector de transporte. Ahí se achaca un acuerdo con los tráficos para hacerle multas a la competencia y después, supuestamente, poder tomar las rutas.
De paso, se analiza el rol de las personas que trabajaban directamente con el grupo.
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