Tomás Gómez
Motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público. Estos son los delitos por los que se investiga a los detenidos durante la protesta antivacunas del pasado miércoles en el hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de esa provincia, que también indicó que ya sube a 7 la lista de detenidos.
Seis de ellos son atendidos mediante el procedimiento rápido de flagrancia. Ellos son de apellidos:
- Reyes Reyes
- Corella Soto
- Ramírez Varela
- Brenes Chavarría
- Villalobos Leitón
- Ramírez Alfaro.
El sétimo detenido, de apellidos Morales Albertazzi, es uno de los cabecillas del movimiento antivacunas y a él se le aplicará el procedimiento ordinario.
Según la denuncia de Fuerza Pública, el sujeto escupió en la cara a Katia Chavarría, directora regional de ese órgano en Heredia.
Chavarría indicó que le solicitó a Morales Albertazzi colocarse la mascarilla; no obstante, este se le acercó y la escupió. La jefa policial detalló que el detenido también actuó de manera violenta en su contra.
“Esto es bochornoso, repudiable y cobarde lo que ha hecho este tipo, poniendo en riesgo la vida de nuestra compañera directora” expresó el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas.
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Hasta el momento, se está a la espera de que los juzgados programen las audiencias para pedir medidas cautelares.
La Fiscalía confirmó también que el miércoles por la noche recibió la denuncia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra los manifestantes.
La protesta antivacunas contó con la participación de la diputada y candidata a vicepresidenta de Nueva Generación, Shirley Díaz. Marco Morales Albertazi -de morado a la izquierda- figura entre los detenidos (Archivo)
¿Cuáles serían las penas para los antivacunas?
La lista de aparentes delitos bajo investigación es tentativa y podría variar según avance el caso.
Respecto a los delitos bajo investigación, estos son los alcances y posibles penas:
- Motín: la pena es de 1 a 4 años de prisión. Se configura cuando 10 o más personas se alzan para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión (Artículo 304 del Código Penal)
- Amenaza a funcionario público: la pena va de 1 mes a dos años de cárcel a quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica (Artículo 316 del Código Penal)
- Resistencia agravada: ocurre cuando una persona emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o quien ejerce un deber legal para impedirle u obstaculizarle sus funciones. La pena va de 1 a 5 años si le califica de “agravada”. (Artículo 313 del Código Penal)
