Tomás Gómez
“Nosotros tenemos inquietudes, pensamos que hay temas de inconstitucionalidad; pero yo respeto y eso la sala será la que eventualmente tendría que decirlo”.
A esa conclusión llega la Contralora General, Marta Acosta, tras enlistar las observaciones que hace al proyecto de la ley jaguar, que el Gobierno intenta llevar a referéndum.
En entrevista con El Observador, la jerarca reiteró la lectura de la institución, donde achacan que la reforma les complicaría fiscalizar la eficiencia de los recursos públicos y la legalidad de los controles. Además, fustigan que sus recomendaciones ya no serían vinculantes y el tema de los controles posteriores.
“Nos preocupa todo”, concluyó.
A eso agrega sus reservas sobre el traslado de atención que puede terminar generando sobre otros temas.
“A mí me parece increíble que esta institución esté en esta situación, tratando de defender lo que por tantos años hemos aportado al país. Pero lo vamos a hacer porque esto es un gran distractor para este país, esto nos distrae de los grandes problemas que tenemos.”, asevera.
Lo que ha construído la ley
Sobre las críticas del rol que ha adquirido la Contraloría, Acosta alega en primer lugar que no son decisiones de su persona sino de la institución y sus procedimientos como tal.
Defiende que las reglas de trabajo se basan en los parámetros que señala la Constitución. También la Ley Orgánica de la institución; y otras normativas como la Ley General de Control Interno viene y la de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
Se suman a eso también los mecanismos internacionales con que se trabaja.
“Hay todo un marco jurídico que se ha ido construyendo a través de los años que nos asignan funciones”. siguió.
¿Cogobierna la Constraloría?
Entre las labores de auditoría y control, la CGR apunta el desafío de que sean temas que suenan lejanos a las personas.
“Nosotros no somos una institución como un Ebais o como el ICE o como Acueductos, que las personas van a solicitar sus servicios”, dice Acosta.
“Nosotros a través de nuestros informes y resoluciones le damos recomendaciones, órdenes, advertencias, recordatorios a la administración, a las instituciones para que mejoren su gestión, para alertarlos, para que no cometan errores o ilegalidades o no se lleven adelante actos de corrupción, para que los recursos finalmente lleguen a donde tienen que llegar para más y mejores servicios a la ciudadanía”, continúa.
Sobre el alegato de que la Constraloría se ha convertido casi en un ente de cogobierno, Acosta reitera que se trata del marco legal que ha dado el ordenamiento. Acotó también que se centran en el monitoreo de cómo se llevan adelante los proyectos pero no sobre su fondo como tal; lo que deja como decisión política.
“La Contraloría General de la República no se opone a esos proyectos, o sea, nosotros nunca nos oponemos a los proyectos de la administración porque es su voluntad llevarlos adelante y no tenemos por qué decir este si, este no, no nos toca, eso le corresponde a la administración activa y lo tenemos clarísimo”
