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Cada día que pasa los diversos medios nos informa sobre la crítica situación que enfrentan los fondos de pensiones, especialmente el IVM. Estudios actuariales atestan la crítica situación, pero hasta la fecha, las medidas tomadas y las recomendadas por la mesa de diálogo no apuntan a una solución sostenible.
Finalmente se ha comenzado a hablar más de las medidas tradicionales para resolver el problema, tales como el aumento de cuotas, aumento de edad de retiro y disminución de los beneficios, panorama ante el cual cobra mayor importancia la pensión complementaria.
El aumento en la informalidad también acrecienta el número de personas que al llegar a la edad adulta, muy probablemente no contarán con una pensión, al igual que aquellas en situación de pobreza que ya alcanzan un 20% de la población del país y se volverán una carga para el Estado, y por ende para el resto de la sociedad, algo que no puede ni podrá ser sostenible.
Con este panorama y la consabida lentitud con que se implementan las cosas en Costa Rica, el panorama se vuelve más desolador.
Por otro lado, tenemos que en el país, la evasión del impuesto de ventas alcanza cifras equivalentes al 2.0 % del PIB, según estimaciones de Hacienda.
Los pocos recursos con que cuenta Hacienda para controlar este problema, aunados a la creciente informalidad en la economía, hacen de esto un problema muy grande pero que a la vez nos presenta una oportunidad.
Si el ciudadano pudiese tener un beneficio directo del impuesto de ventas que paga, exigiría factura en toda compra de bienes y servicios, multiplicando así la cantidad de inspectores de Hacienda, lo que indudablemente aumentaría la recaudación.
El beneficio directo lo daría la pensión-consumo, concepto desarrollado hace más de siete años por el Dr. Walter Coto Molina, presentado a la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 18.495 y que actualmente duerme el sueño de los justos.
La propuesta va dirigida a destinar una parte del impuesto de ventas (13%), que partir de julio sería IVA, pagado por el ciudadano, a una cuenta individual en la operadora de pensiones complementarias de su preferencia.
A partir de que una persona acumule en su cuenta individual 25 salarios base, se destinará un 30% a su cuenta y un 70% al FOSORE ( Fondo de Solidaridad para el Retiro) de donde saldrán los fondos para las pensiones complementarias de la población en estado de pobreza y vulnerabilidad, que por esa condición tiene pocos recursos para consumo y aquellos con pensiones no contributivas.
En el caso de empresas el 50% iría al FOSORE y el otro 50% como crédito fiscal a la empresa para el siguiente período fiscal.
El monto propuesto es de 3% del valor de las compras sobre lo que sería hoy un IVA del 13 %. La implementación sería gradual: el primer año 1 punto para pensión-consumo, el segundo dos puntos y a partir del tercero 3 puntos.
Los recursos sobradamente vendrían del incremento de recaudación y de acuerdo con estudios realizado, al cuarto año Hacienda tendría por la reducción de la evasión, al menos un 0.4% del PIB de recaudación adicional neta del monto destinado a pensión-consumo y el esquema sería autofinanciable de esta forma desde el primer año.
El proyecto puede someterse a revisión y mejora pero el concepto es muy atinado para resolver un problema que lejos de reducirse, se va agrandando con el tiempo y si se toman las medidas tradicionales, desmejorará las condiciones de contribuyentes y futuros pensionados del IVM.
Si además, tenemos en cuenta que ayudaría a mejorar la recaudación fiscal del impuesto de ventas/ IVA, pues tenemos un proyecto ganar-ganar y por eso llama la atención que haya sido relegado y que no esté entre las medidas prioritarias para solventar la crisis de las pensiones.
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