Paula Ruiz
El proyecto de ley marco sobre empleo público continuará su camino en la Asamblea Legislativa, sin embargo, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) dejó entrever dudas, de acuerdo con su jefe de bancada, Luis Fernando Chacón.
Inicialmente, Chacón señaló las falencias del texto sustitutivo enviado por Casa Presidencial, tras siete meses en pausa. El freno fue puesto por los mismos legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se estudió durante el 2019, la primera propuesta gubernamental.
En ese momento, decidieron no continuar con el análisis debido a las debilidades en lo planteado. Ese panorama parece ser similar este año.
OBSERVE MÁS: Gobierno anuncia nuevo borrador para ley de empleo público tras fracasar con plan original
“Lastimosamente este proyecto parece que lo que cambia es el nombre de subregimen por el de familia, con algunas variaciones positivas, pero el problema medular persiste. Estos subconjuntos perpetúan las distinciones improductivas en el sector público”, destacó Chacón.
Pilar Garrido, Ministra de Planificación, presentó la propuesta esta semana. Foto Julieth Méndez_18/05/2020
Aunque el liberacionista calificó como positiva la búsqueda de diferencias “odiosas” entre funcionarios públicos, que con mismas funciones y profesión, llegan a tener salarios distintos y dispares.
“No obstante, encontramos aún conceptos muy indeterminados, que deberán precisarse, y algunos procesos que podrían ir en detrimento de los derechos de los trabajadores públicos, sobre los cuales seremos celosos vigilantes”, detalló.
El gasto público
Dentro de los objetivos que tienen desde el Congreso con este proyecto, es que haya una reducción del gasto público sin afectar los servicios públicos.
“Y es que cuando exigimos al Gobierno recortar el gasto, hablamos de recortar la ineficiencia, aquello que sobra, aquello que no hace falta en el Estado. Cosa muy diferente a desmantelar la función pública, volviéndola poco competitiva”, detalló.
El Gobierno estima que con la implementación de esta iniciativa, habría ahorros anuales equivalentes a un 0,7% del Producto interno bruto (PIB) para el sector público.
La propuesta contempla solamente a los nuevos funcionarios, a quienes se les propone salario global que implica el cese de incentivos, así como igual salario por mismas funciones.
También contempla otros puntos como:
- Reclutamiento: creación de una base única de pruebas para todas las contrataciones
- Desempeño: dos evaluaciones menores al 70% permitirán el despido de las personas
- Vacaciones: se implementa un único tope de 20 días hábiles
- Servicio Civil: pasará de Presidencia al Ministerio de Planificación
OBSERVE MÁS: Empresarios y sindicatos cuestionan excepciones hechas por proyecto de empleo público
