Hermes Solano
Representantes de los partidos Liberación Nacional y Liberal Progresista mostraron preocupación por las limitadas alternativas para acceder al crédito de 180.000 personas que fueron expulsadas del sistema financiero formal tras la implementación de la “tasa de usura”.
Dicha tasa se trata de un tope máximo artificial que se impuso a los intereses de todos los préstamos en el país, mediante una reforma de ley, pese a una serie de riesgos que advirtieron las autoridades financieras, la banca estatal y expertos internacionales.
Uno de esos riesgos era que las personas con menores garantías y mayores dificultades económicas quedaran sin alternativas formales para endeudarse. La implementación del tope lo materializó.
“Es lo que siempre advertimos que iba a ser el efecto indeseado de esta ‘ley de usura’. Siempre advertimos que esa ley iba a generar exclusión financiera”, dijo el viernes Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.
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Sobre este tema, opinaron Eli Feinzaig, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista y Álvaro Ramírez, candidato a vicepresidente del Partido Liberación Nacional.
Ambos coincidieron en que las personas, al verse expulsadas del mercado formal, podrían caer en las redes de las llamadas “garroteras” o los préstamos “gota a gota”, ambas actividades informales.
Crear alternativas
Para Ramírez lo que se debe hacer es definir alternativas para que las personas que se quedaron sin crédito tengan opciones viables.
“Es necesario revisar el impacto de la ley y definir alternativas para la inclusión financiera de las personas afectadas, incluyendo la promoción de la competencia, la educación financiera, entre otras”, dijo el liberacionista.
“Lo importante es evitar que las personas deudoras en condiciones más vulnerables terminen víctimas de esquemas informales de financiamiento, más caros y peligrosos”, agregó.
“La advertencia se hizo”
Según Feinzaig, economista de profesión, él advirtió sobre esta situación desde que se estaba discutiendo el proyecto en la Asamblea Legislativa.
“Sucedió lo que muchos pronosticamos, que iba a provocar exclusión financiera y precisamente entre las personas que más necesitan el crédito y más difícil acceso tienen”, dijo el aspirante presidencial.
“Es el producto de una ley mal diseñada, que se aprobó sin entender las consecuencias, a pesar de que múltiples personas lo dijimos”, añadió.
Sin posición
El Observador consultó desde el pasado sábado a más candidatos presidenciales sobre el tema y la problemática que tendrían esas personas para acceder a financiamiento.
Los candidatos Lineth Saborío, de la Unidad Social Cristiana; Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático; Fabricio Alvarado, de Nueva República; Rodolfo Piza, de Nuestro Pueblo y Rolando Araya, de Costa Rica Justa eludieron dar respuesta a la consulta.
Welmer Ramos, candidato presidencial del PAC, y quien impulsó este tope en la Asamblea Legislativa defendió la reforma de la ley por considerar que las tasas de interés de las tarjetas “hundían a estas personas y sus familias en un círculo de endeudamiento sin posibilidades de salir adelante”.
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