Paula Ruiz
Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidieron al Gobierno una hoja de ruta para tener claridad sobre cómo utilizarán cada empréstito que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Esto, antes de aprobar nuevos créditos que harán fila para ser aprobados por diputados.
Ambas bancadas realizaron la petición y la hicieron pública este lunes, por separado. Además solicitaron el detalle de cómo el país hará esos pagos y por cuánto tiempo.
Los socialcristianos la manifestaron tras una reunión con Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia.
“Requerimos de una programación de pagos de utilización de esos créditos (…) que se nos presente un panorama claro, la globalidad para estudiar estos proyectos que pretenden”, manifestó Rodolfo Peña, jefe de fracción del PUSC.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, indicó que también hicieron la solicitud al Gobierno. Foto: Asamblea Legislativa.
Mientras el rojiazul aseguró que el Gobierno pretende la aprobación de 14 préstamos, el liberacionista Luis Fernando Chacón, criticó que el Poder Ejecutivo no les ha informado directamente cuáles serán esos empréstitos por lo tanto, se enteraron por terceros de las intensiones del Gobierno.
“Es importante que el Ministro de hacienda le explique a la asamblea de donde vienen, para qué los quiere, cómo los vamos a pagar y cómo vamos a mitigar el COVID-19 y los esfuerzos que diversas instituciones requieren”, señaló Chacón, jefe de fracción del PLN.
Hasta el momento, Hacienda tiene reportados ocho créditos con diferentes organismos internacionales y multilaterales.
Uno de ellos por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa, que permitirá la atención de trabajadores afectados por la emergencia nacional, el pago de deuda pública y un reforzamiento para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la disminución de cuotas obrero-patronales, producto de la pandemia.
Su discusión estaba prevista para este lunes.
Otros que aún no han ingresado a la corriente legislativa, serían el acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por alrededor de $508 millones, Banco Mundial por $500 millones y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el orden de $250 millones.
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