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Por colapso de servicios y riesgos sanitarios, jueza declara ilegal última huelga de la CCSS

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La huelga que llevó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a asumir un acuerdo con sus sindicatos, para mantener cálculos diferenciados de sus remuneraciones, es ilegal.

De esa manera lo resolvió el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, por cuanto encontró que la protesta (efectuada entre el 5 y 12 de agosto de 2019) llevó a la institución a un “estado crítico”. Esto a pesar de que esta provee un servicio esencial, puesto que se trata de la salud y vida de las personas.

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La jueza que redactó la sentencia de primera instancia, Carmen Paniagua, encontró servicios de emergencias colapsados, exposición a focos de infecciones por el faltante de personal de limpieza así como la utilización de un fondo destinado a emergencias nacionales, en el pago de plazas extras y la contratación de servicios.

Las autoridades han insistido que el cuestionado acuerdo era la forma viable y más rápida de levantar la huelga. (Katherine Ulate | El Observador)

“El movimiento llevó a la institución promovente a un estado crítico que no debió darse”, establece el fallo. De seguido, entra a referirse a hechos registrados por la decisora en visitas que hizo a los hospitales México, Rafael Ángel Calderón, San Juan de Dios y de Niños.

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“Por todo lo expuesto y de acuerdo con la Constitución Política, normativa laboral, jurisprudencia, tratados internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, por ser servicios públicos esenciales se debe declarar la calificación de huelga solicitada como ilegal”, añade más adelante.

La sentencia además reitera la prohibición al rebajo retroactivo de salarios a los participantes de la protesta. También condena a ocho agrupaciones de trabajadores al pago de ¢400.000 de costas.

“Drama humano”

Los hechos descritos por el órgano jurisdiccional concuerdan con otras descripciones que hizo el presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, Román Macaya.

También con la apertura de dos causas penales, por muertes de pacientes quienes aparentemente no recibieron atención en Alajuela y Cartago.

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El jerarca del ente descentralizado, sin embargo, mencionó ese “drama humano” para justificar un pacto con organizaciones laborales. Este consistía en frenar la aplicación de una serie de cambios en materia de empleo público dispuestos en la reforma tributaria de 2018.

Lo anterior incluía mantener el cálculo porcentual de anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses salariales. Ello mientras se resolvía un juicio de lesividad que las partes estaban dispuestas a asumir.

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El convenio contó con el visto bueno de la Casa Presidencial.

No obstante, el 5 de setiembre de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó desconocer el acuerdo. Asimismo, obligó a la institución descentralizada aplicar lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

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Por este caso, la Fiscalía General investiga al presidente Carlos Alvarado, y sus ministros Víctor Morales y Steven Núñez por supuesto incumplimiento de deberes.

En una causa aparte, Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) hace lo propio contra Macaya, sus gerentes Roberto Cervantes, Gilberth Alfaro, Rónald Lacayo y Carlos Manuel Alfaro. También figuran otros 10 líderes sindicalistas.


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