Paulo Villalobos
Incumplir con la regla fiscal le valió a las cinco universidades públicas quedarse con el mismo presupuesto con el que contaron en el 2019, para sus labores el próximo año.
Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) informó que archivó sin trámite los planes de gasto del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) y Técnica Nacional (UTN), así como el Instituto Tecnológico (ITCR).
Esto por cuanto no siguieron lo ordenado en el artículo 19 del cuarto título de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece límites al crecimiento del gasto.
El ente contralor explicó que, pese a las gestiones y ante la omisión de una certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), sobre el cumplimiento de la regla fiscal, lo que procede es el archivo del presupuesto 2020.
Así, como lo manda la Ley General de la Administración Pública, para las instituciones regirá el presupuesto definitivo del 2019, con algunos ajustes.
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¿Por qué incumplieron?
Las casas de enseñanza se negaron a presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria información que se le solicitó a todas las instituciones del sector público no financiero, con la cual se puede certificar o no el cumplimiento de la regla fiscal.
El 6 de setiembre, ese órgano advirtió a los centros educativos que de no presentar la información, no avalaría los planes de gasto.
Siete días más tarde, el Conare comunicó un acuerdo para no presentar los presupuestos a la Secretaría Técnica.
La Contraloría General recibió el 29 de noviembre un oficio de la Autoridad Presupuestaria donde se informó que no era posible una certificación del presupuesto de las universidades.
Entonces, el ente pasó a reiterarle a las casas de enseñanza su obligación de someter a certificación de la Secretaría Técnica sus planes de gastos.
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Ante ello, el 4 de diciembre los académicos recordaron que está pendiente la resolución de una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma tributaria, respecto a los presupuestos universitarios.
Por ello, el órgano contralor resolvió no tramitar los presupuestos de las cinco universidades y del Consejo Nacional de Rectores.
La Contraloría destacó que, aunque el artículo que contiene la regla fiscal se encuentra impugnado en la Sala Constitucional, esto no significa que no esté vigente y por tanto debe ser acatado.
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2019 turbulento
Los últimos meses han estado llenos de conflictos entre las universidades públicas, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y otros actores, ante el manejo de los recursos.
En octubre, las universidades se tiraron a la calle porque el Ministerio de Hacienda redireccionó ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), por medio de una transferencia de capital incluida en el proyecto de Presupuesto 2020.
La medida se conoció desde el 18 de julio, cuando el Consejo Nacional de Rectores (Conare) aceptó el FEES en la Comisión de Enlace del Fondo Especial. Sin embargo alegaron que hubo un error de interpretación de Hacienda. Posteriormente Presidencia cedió y dijo que no tomaría decisiones como la que lideró la exministra Rocío Aguilar.
Además en julio, el Conare presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para evitar tener que cumplir la regla fiscal.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Así el aumento de un presupuesto está “amarrado” al comportamiento de la economía y de la deuda del Gobierno central. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley 9635.
Y más recientemente, estudiantes marcharon, se manifestaron y tomaron múltiples edificios de la UCR y la UNA, en protesta contra cambios en el Presupuesto 2020.
Paulo Villalobos
