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¿Por qué el PAC, con una condena por estafa sin pagar, puede participar en las elecciones de 2022?

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEn el 2016 el Partido Acción Ciudadana (PAC) fue condenado a pagar más de ¢353 millones por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones en la campaña del 2010.

A esta fecha, con un juicio pendiente, el la agrupación gobernante no ha pagado el dinero de la condena.

De cara al nuevo proceso electoral surge la duda de por qué el partido puede participar en una nueva campaña política sin haber pagado la sanción.

El Tribunal Supremo de Elecciones da las razones para que el partido de Gobierno haya participado en las elecciones de 2018, en las municipales de 2020 y lo haga en 2022.

“No existe en este momento una norma, que además de la sanción, multa o pena en prisión, permita la inhabilitación del ejercicio en un proceso electoral”, explicó Héctor Fernández, director de Registro Electoral del Tribunal, ante consulta de El Observador.

Fernández fue enfático en que los derechos políticos son elegir y ser electo, y es algo que no se le puede limitar a ningún partido, incluido el PAC.

“Hay un principio constitucional que dice que no puede ser penado dos veces por los mismos hechos”, reafirmó el funcionario.

Eso quiere decir que sí ya tuvo condena a través de los Tribunales, no puede ser penado con otra pena.

“La sanción por ese delito no tiene aparejado la inhabilitación de derechos políticos”, reiteró.

OBSERVE MÁS: PAC irá de nuevo a juicio para definir monto a pagar por estafa al Estado

Otón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana, fue el candidato en las Elecciones Presidenciales de 2010 (AFP)

Única razón

En las normas electorales sí existe una justificación para que el Tribunal Supremo de Elecciones inhabilite partidos políticos.

Eso pasa cuando un partido político participa en una elección y saca menos votos que el número de adhesiones que se piden para la inscripción.

El TSE pide 3.000 firmas, que son las adhesiones a la agrupación. En 2016 se dio el último caso de inhabilitación de un partido, cuando en las Elecciones Municipales una agrupación participó en la contienda por un cantón y no obtuvo el mínimo de votos.

Existió otra situación en las normas del Tribunal para inhabilitar partidos, que era la “no participación en una elección”.

Sin embargo, una resolución de la Sala Constitucional hizo que se eliminara esa norma.

OBSERVE MÁS: Ante crisis por estafa, PAC hace firmar a candidatos a alcaldías un “Código de Ética”

Caso del PAC

En diciembre de 2016 se estableció que el PAC estafó al Tribunal Supremo de Elecciones al presentar 179 contratos por servicios especiales, como un mecanismo fraudulento para cobrar más deuda política.

El monto de la condena se estableció en ¢353 millones, pero un año después la Procuraduría General de la República apeló la sentencia.

Según la institución, fueron un total de 263 contratos fraudulentos, por lo que el monto a pagar por el partido quedó en ¢516 millones.

Así lo definió el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

El PAC apeló la sentencia y en setiembre de 2019 la Sala III de la Corte resolvió que se debía revisar el monto de la condena en un nuevo proceso judicial.

Ese nuevo proceso está pendiente y en principio se llevará a cabo en julio de este año.

Ahí solamente se definirá el monto que debe pagar, pues la sentencia está en firme. El PAC podría terminar pagando cerca de ¢900 millones tras este largo proceso.

OBSERVE MÁS: Estafa PAC: 98% de los contratos tenían firmas falsificadas según extesorera


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