Paula Ruiz
Por vetar el proyecto de ley de arrastre, el Concejo Municipal del Cantón Central de Puntarenas, declaró a Carlos Alvarado como no grato.
Dentro de los argumentos están que el mandatario “le mintió al pueblo de Puntarenas al indicar que iba a ser respetuoso de lo que resolviera tanto la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa”, según se lee en la moción aprobada.
El viernes en la noche, Alvarado vetó la iniciativa de ley “por razones de conveniencia y oportunidad”.
Sin embargo, ese accionar presidencial molestó a los representantes municipales.
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En la moción, aseguran que varios miembros del Gabinete se habían comprometido a respetar los estudios técnicos y científicos sobre la sostenibilidad de la pesca de camarón, así como de las disposiciones de la Sala Constitucional.
El ente constitucional no encontró vicios en el proyecto 21.478, mediante el cual se pretendía reactivar la pesca mediante esta técnica.
Al cierre de esta nota, no se obtuvo reacción por parte de Casa Presidencial.
Dinero para estudios
El Concejo también señaló que el propio mandatario se había comprometido a presupuestar el dinero necesario para la realización de estudios.
“Los mensajes insertos en las manifestaciones realizadas en primera persona por Presidente Alvarado Quesada en el recién pasado ´acto de rendición de cuentas´ del 30 de septiembre, en el cual expresamente manifestó en su discurso: ´presupuestamos e hicimos los estudios de camarón necesarios para que se hiciera el proyecto´”, indica la moción.
En 2018, el sector pesca mantuvo manifestaciones que conllevaron a mesas de trabajo, donde “entonces Ministro de la Presidencia Rodolfo Piza, adquirió un compromiso de buscar el financiamiento para realizar los estudios que exigía la Sala Constitucional”.
Se intentó ampliar con Gerardo Godínez, presidente del Concejo Municipal, sin éxito.
La pesca de arrastre no está permitida desde el año 2013, cuando el tribunal constitucional prohibió la renovación o entrega de nuevas licencias.
Desde ese momento, el ente constitucional estableció que para su reinserción se debía de realizar una reforma legal, estudios para demostrar su sostenibilidad, así como análisis científicos y técnicos para garantizar el principio de desarrollo sostenible democrático.
El proyecto de ley 21.478 se basó en estudios realizados por Incopesca para permitir su reanudación.
La iniciativa fue aprobada el 22 de octubre por 28 diputados, aunque 18 se opusieron.
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