Desde la Columna
Por Erlend Muñoz. Profesor LEAD University
La coyuntura económica costarricense, catalogada hoy de forma merecida, como “crítica” ha sido magnificada en sus efectos por la aparición repentina de un mal de salud pública de consecuencias no medidas.
La pandemia covid-19 ciertamente aceleró los efectos de la indecisión política, de la ausencia de una visión país a largo plazo, por la tardanza o el traslado temerario en la toma de decisiones políticas heredadas y propias.
Más temprano que tarde, la economía costarricense se encaminaba ya hacia una situación insostenible de desequilibrios macroeconómicos de consecuencias escasamente entendidas.
La acusada caída en los componentes privados de la absorción interna (consumo e inversión), junto con el ensanchamiento del déficit comercial acumulado desde abril pasado, colabora, cuando menos, en hacer parte del trabajo que ha sido delegado a la Autoridad monetaria en lo relacionado con la estabilidad de precios.
Ello ha abierto espacios para el uso de instrumentos expansivos de la masa monetaria (vg. quantitative easing) que reduzca tensiones antes problemas sistémicos de liquidez en los mercados secundarios y complementariamente incentiven el crédito empresarial. O bien, intervenciones en el mercado cambiario en aras de aminorar la volatilidad del precio de la divisa amparado en la existencia de cerca de ocho millardos en activos de reserva en moneda extranjera para mediados de octubre.
Todas estas medidas intervencionistas podrían ser justificadas, en tanto se hagan acompañar de modificaciones estructurales de la hacienda pública, significativas, permanentes, balanceadas y políticamente viables.
Estas últimas adjetivaciones no son poca cosa; y como los cambios motivan costos, los actores aludidos de la reforma tendrán, siempre, desde su interés, una justificación para mantener el statu quo.
La tardanza en la toma de decisiones y la acción política que no trascienda la coyuntura cortoplacista, eleva de forma sostenida los costos asociados a la corrección de los desequilibrios del sector real, particularmente los originados en una estructura fiscal configurada para la generación de déficits recurrentes.
Las soluciones propuestas por distintos sectores, públicos y privados, son percibidas con desconfianza entre interlocutores. Para unos, por ser insuficientes, omisas, o inexistentes; para otros, por evidenciar oportunismos políticos, y para los terceros, cuando menos, catalogadas de ocurrencias ingenuas.
Tósigos con apariencia de “medicina democrática” constituyen las propuestas que llaman al consenso entre sectores con intereses contrapuestos para iluminar la ruta de solución. Ciertamente se han venido postergando las acciones concretas que corresponde, legal y legítimamente al Poder Ejecutivo anunciar y emprender; concediendo de esta forma ganancias en tiempo a diversos grupos de interés particular.
Sin embargo, el actual Gobierno tiene una oportunidad histórica de consagrar una senda sostenida de cambio, para la cual deberá invertir capital político sin reserva.
En ese sentido, las inyecciones de divisas, mediante créditos externos al mercado doméstico constituyen solo un paliativo sin más, en espera de las reformas estructurales pendientes.
Es necesario reformas alineadas con la simplificación de tramitología y la eliminación de duplicidades burocráticas, con la contención o supresión de cargas impositivas que limitan y desalientan la actividad empresarial.
También, con la modificación de derechos adquiridos desligados de la productividad, con el acceso a créditos financieros de la banca con precios que reflejen las condiciones reales del mercado y con la promoción del acceso a las tecnologías de la información de punta.
Debemos avanzar hacia la ampliación y la profundización del comercio internacional y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
¡Gobierno, le doy la palabra, le concedo la acción!
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