Paula Ruiz
Dos diputados presentaron un nuevo proyecto de Ley de Empleo Público con modificaciones drásticas a lo aprobado recientemente en el Congreso.
La iniciativa es impulsada por el socialcristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Thompson.
En la propuesta original del Gobierno, se otorga al Ministerio de Planificación (Mideplan) la potestad de todo lo relacionado con empleo público.
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Sin embargo, en el nuevo texto eliminan esas “superpotestades” al considerar que el planteamiento gubernamental politiza a la función pública y la somete al capricho del gobernante de turno.
Otra modificación tiene que ver con fortalecer el Departamento del Servicio Civil, otorgándole las potestades que el Gobierno pretende darle a Mideplan.
La motivación de los jerarcas para este nuevo texto tiene que ver con que el proyecto actual que ya está avanzado presenta “serios vicios de inconstitucionalidad e irregularidades”
Los diputados Roberto Thompson (derecha) y Pedro Muñoz (izquierda), presentaron el nuevo plan. Cortesía.
Plan optativo para los actuales
El martes anterior, la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, dictaminó el proyecto de ley 21.336.
Allí se incluye a funcionarios actuales así como los nuevos -después de la promulgación de la Ley- a un salario global.
Sin embargo, Thompson y Muñoz quieren que el salario global sea optativo para los trabajadores que ya están en la función pública.
Los salarios altos se verán congelados y al ser un paso voluntario, no hay compensación económica, dijo Muñoz.
En el momento en que el salario compuesto sea igual que el global, el ajuste será conforme a este último, continuó Thompson.
Este esquema es el utilizado de previo en instituciones como la Contraloría General de la República (CGR), según los legisladores.
Con respecto a las convenciones colectivas, reconocen “el derecho ya establecido en nuestro ordenamiento jurídico, dejando claro que deberá ejercerse respetando las regulaciones y limitaciones existentes”.
Por otra parte, mientras el Ejecutivo plantea que las instituciones públicas en competencia se rijan con la Ley de Empleo Público, Thompson y Muñoz consideran todo lo contrario.
“Este proyecto de ley entiende que las empresas del Estado se rigen por un régimen de empleo predominantemente privado, y, en consecuencia, propone para estas una regulación especial acorde con la naturaleza de la actividad comercial que realizan para que puedan ser competitivas y eficientes”, señalan los congresistas.
El proyecto inicia su trámite legislativo a partir de este jueves, en la comisión de Gobierno y Administración.
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