Paulo Villalobos
Cada costarricense tiene la posibilidad de solicitar a Casa Presidencial, detallar si funcionarios tuvieron o no acceso a sus datos personales.
Para ello solo deben remitir una nota a título personal, en la que se debe especificar que como ciudadano se desea conocer si su información sensible o personal fue recopilada o analizada por la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La posibilidad se fundamenta en lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, sobre el derecho de petición y respuesta. Lo reitera el numeral 7 de la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales:
La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por la persona interesada.
La norma anterior ofrece las siguientes facultades al interesado:
- obtener sin demora y a título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, si existen deberán ser comunicados a la persona interesada en forma precisa y entendible
- recibir la información así como la finalidad con que fueron recopilados y el uso que se le dio
- ser informado por escrito de manera amplia sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aún cuando el requerimiento comprenda un aspecto de los datos personales
- conocer el sistema, programa, método o proceso utilizado
OBSERVE MÁS: Fiscalía tomó computadoras y teléfonos de asesores presidenciales de datos, según abogado defensor
Casa Presidencial cuanta con 10 días hábiles para responder, en caso de que no se señale un plazo previo.
Este lunes, el fiscal de la Unidad Especializada de la Fiscalía General, Juan Pablo Miranda, explicó el proceso, durante el balance dado sobre los allanamientos de la semana pasada, por las investigaciones seguidas contra la Unidad Presidencial.
“Es una posibilidad que tienen los ciudadanos aparte del proceso de investigación, que es hacer una gestión ante Casa Presidencial, preguntando y cuestionando si sobre ellos y ellas se hizo algún tipo de solicitud de datos personales. Pero ya es una diligencia que se hace en otra vía que no tiene que ver con el proceso penal”, dijo la fiscala general Emilia Navas.
El Observador consultó a Presidencia si habilitará alguna dirección especial para el trámite, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
OBSERVE MÁS: Fiscala tras allanamientos en Casa Presidencial: no hay evidencia de que se borrara información
Identificación de víctimas
El asesor presidencial Diego Fernández es uno de los investigados en la causa penal. (Presidencia)
El procedimiento anterior podría servirle al ciudadano para constituir prueba de que su información personal fue transgredida.
La misma podría incluirse (si la persona lo avala) a la investigación que desde el 24 de febrero tramita el Ministerio Público, por el aparente delito de violación de datos contra el mandatario Carlos Alvarado, y siete funcionarios de su administración, por la creación de la Unidad.
Navas dijo que en este caso el órgano acusador procederá a comunicarse con todas las personas que puedan ser identificadas como víctimas, con el fin de informarle de la posibilidad de apersonarse a la causa.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ya se sumó al expediente 20-005434-0042-PE en condición de víctima y en representación del Estado costarricense. Así puede participar en el proceso al aportar pruebas y ejercer las acciones civiles para reclamar daños y perjuicios.
OBSERVE MÁS: Procuraduría de la Ética se presenta en condición de víctima a investigación de UPAD
Si se llegara a determinar que, a pesar de que el titular de la información realizó la solicitud a la Casa Presidencial, esta última le indicó que no existían datos accedidos, el Ministerio Público abriría una nueva pesquisa por supuesta falsedad ideológica.
Al apersonarse a un caso como este – para lo que se requieren elementos suficientes para demostrar una posible afectación – el interesado tendrá acceso a las evidencias recolectadas por la Fiscalía. Navas y Miranda descartaron que eso faculte a ciudadanos a leer conversaciones del presidente Alvarado que no estén vinculadas al proceso.
El viernes y sábado, las autoridades judiciales realizaron allanamientos en Casa Presidencia, el Ministerio de Planificación y viviendas. Se investiga la posible comisión de los delitos de violación de datos personales, prevaricato y abuso de autoridad.
La UPAD se creó mediante decreto el 14 de octubre de 2019. Formalmente inició operaciones el 17 de febrero pasado, cuando el texto se publicó en La Gaceta. Pero los asesores presidenciales tenían más de un año de recopilar información.
El Poder Ejecutivo ha justificado reiteradamente que el fin de la UPAD era compilar datos para la elaboración de políticas públicas.
OBSERVE MÁS: Alvarado califica la UPAD como una “torpeza política”; asegura que Fiscalía esclarecerá el objetivo
Paulo Villalobos
