Tomás Gómez
La Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa piden a las universidades públicas buscar su propia sostenibilidad mediante la revisión de su modelo de financiamiento y la forma en que administran los recursos.
Esto como respuesta a la demanda al Estado presentada la semana anterior por estas instituciones educativas, para evitar la aplicación de las normas de empleo público introducidas por la Reforma Fiscal.
Mientras el presidente Carlos Alvarado indica que el modelo actual está agotado, el Poder Legislativo conformó una comisión especial en la que se está estudiando la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual el país transfiere miles de millones de colones a las cinco universidades estatales existentes.
Carlos Alvarado: el modelo está agotado
“Debemos salirnos del debate sencillo de pedirle a la hacienda pública que resuelva porque eso es pasarle la factura a los costarricenses”, señala el presidente Carlos Alvarado.
Según el Mandatario, el modelo de financiamiento universitario debe repensarse y dejar de depender de las asignaciones públicas como único método de existencia.
“En muchos países desarrollados, las universidades son generadoras de valor y valor público: en conocimiento, en patentes, en procesos, en alianza con el sector privado o público… pero nosotros no explotamos esas venas, entonces es muy fácil decirle a la hacienda pública que pague”, analiza.
El Presidente adelantó que ha girado instrucciones a Edgar Mora, Ministro de Educación, para coordinar la construcción de soluciones. “El tema es resolver, no debilitar”, finalizó.
Comisión especial en la Asamblea
Dos veces al mes, la Comisión Especial del FEES sesiona en la Asamblea Legislativa para revisar las transferencias de fondos públicos que reciben las universidades.
“La intención con la creación de esta Comisión no es someter a las Universidades a un linchamiento o a una persecución pública, sino más bien que se escuche a la ciudadanía que pide mejoras urgentes y prontas con respecto a la administración de los recursos públicos”, señala el diputado liberacionista Wagner Jiménez, presidente del foro.
Aunque las conclusiones de su investigación aún no se presentan, Jiménez destaca que el Ministerio de Planificación ya advirtió que la sostenibilidad del FEES está en riesgo y que es urgente tomar medidas. Amparado por la Contraloría General de la República, el legislador señala también la no ejecución de recursos por parte de las universidades.
El reparto de miles de millones
Para el 2019, las universidades públicas habían negociado con el gobierno un FEES de poco más de ¢511 mil millones, cifra que fue recortada en ¢10 mil millones por la Asamblea Legislativa.
Dicho dinero se reparte en un 57,79% la Universidad de Costa Rica, un 23,4% la Universidad Nacional, un 11,3% el Instituto Tecnológico y un 7,51% para la Universidad Estatal a Distancia, mientras que a la Universidad Técnica Nacional se le asigna un presupuesto aparte.
