Juan Pablo Arias
El presidente Carlos Alvarado aprovechó la presentación de su informe de gestión sobre el primer año de Gobierno para anticipar la implementación de la “tasa de usura”, un polémico tope a las tasas de interés para los productos crediticios.
“Para tener más disponibilidad de capital productivo, debemos reducir las comisiones relacionadas con el uso de los datafonos, revisar y normar los topes en las tasas de interés de tarjetas de crédito y de comercios…”, señaló el mandatario en su alocución frente a los diputados.
La tasa de usura es un tope o “tasa de interés máxima” que no puede sobrepasarse cuando se emite un producto crediticio: desde un préstamo bancario, hasta tarjetas de crédito o financiamientos a plazo. Cualquier operación con una tasa superior se consideraría excesiva o abusiva.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), explicó que la implementación de un límite de este tipo podría traducirse en exclusión financiera y proliferación de un mercado negro de préstamos.
“La ABC comparte el interés del Gobierno de promover el desarrollo productivo y procurar el bienestar de las familias; sin embargo, no puede obviar que el sector financiero es altamente regulado y opera con una serie de distorsiones. Las medidas para lograr desarrollo y bienestar deben responder a un plan estructural e integrado porque en caso contrario se puede provocar la exclusión de sectores de la población con menos acceso a los servicios financieros”, comentó.
En enero pasado, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, advirtió a los diputados sobre los riesgos que se corren con una tasa máxima, si esta no fuese bien calculada o “calibrada”, más aún ante la falta de información sobre prestamistas no regulados.
“Una buena parte del problema no se gesta en el sector regulado. Lo que se necesita es conocer cuál es la carga de la deuda total y la capacidad de pago para hacer frente a sus deudas”, explicó el jerarca a los diputados en enero, cuando se refirió al expediente legislativo Nº 20.861.
En aquella ocasión, José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, opinó que “toda regulación debe ser razonable para que no evite el buen funcionar del mercado y que los costos no recaigan en los tomadores de crédito”.
Para el economista José Luis Arce, el mandatario acertó en su discurso cuando centró su atención en los problemas de competencia que hay en la economía y, en particular, en el sistema financiero, pues son un lastre para la productividad y el crecimiento económicos. Empero, opinó que la solución planteada no sería la mejor.
“Sin entrarle a los temas que mencionó el Presidente es difícil pensar que este país crezca sostenidamente en el mediano plazo. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Si el Ejecutivo – y algunos sectores de los legisladores – creen que poniendo topes o restricciones absolutas a comisiones o intereses resuelven el problema, están errando el camino”, comentó el especialista.
A su parecer, estas medidas lejos de resolver el problema lo agravan creando ineficiencias y, paradójicamente, excluyendo a la población vulnerable del sistema financiero formal.
“Hay que tener cuidado con estas iniciativas, el camino al infierno suele estar pavimentado de muy buenas intenciones”, añadió.
Comisiones por datáfonos
En su discurso Alvarado también se refirió a una rebaja en las comisiones que cobran los bancos por el uso de datáfonos. Sobre este tema se tramita el expediente legislativo 21.177 para que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda establezcan una regulación a las comisiones.
Dicha iniciativa ya fue cuestionada por el sector financiero, pues no toma en cuenta los costos de operación por llevar a todo el país los servicios de pagos con tarjeta.
En la acera de enfrente está el gremio de comerciantes, que considera que las comisiones les resta capital de trabajo.
“Coincidimos (con el Presidente) en que los bancos públicos y privados deben reducir las comisiones que le cobran a los comercios para mejorar la competitividad del sector y beneficiar a los más de 18 mil comercios que existen en el país, a los que hoy día se les cobra una tasa excesivamente alta en comparación con otros países”, indicó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
En lo que también coinciden todas las partes es que, de existir regulación, debe hacerse de manera técnica y rigurosa, para evitar efectos negativos sobre la sociedad.
