Tomás Gómez
La carta enviada por la Contraloría General de la República (CGR) a los diputados, en la cual señaló que la regla fiscal debe aplicarse sobre el presupuesto ejecutado y no sobre el proyectado, no fue del agrado del mandatario Carlos Alvarado.
Con tono de enojo, el presidente fustigó el escrito y no guardó críticas contra la interpretación del ente contralor.
“No creo que sea un diferendo entre la Contraloría y el Poder Ejecutivo, creo que es un diferendo entre la Contraloría y la ley que aprobaron los diputados”, señaló.
“La interpretación auténtica corresponde a los diputados”, insistió.
Hacienda vs. Contraloría
El diferendo surgió luego de que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, compareciera ante los diputados para explicar los malos resultados de las cifras fiscales.
Al hacer mención de la regla fiscal, que definirá los topes al crecimiento del gasto público, el jerarca insistió en que estos deben fijarse por el monto total del presupuesto del año anterior, mientras que la CGR indica que el cálculo debe hacerse únicamente sobre lo ejecutado.
Esta última visión limitaría más el crecimiento del gasto público, una opción que según el ministro Chaves podría generar desaceleración.
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Según el presidente Alvarado, un endurecimiento de esas condiciones significaría mermas de hasta millonarias que conllevarían en cierre al menos seis instituciones, incluyendo ministerios.
“El ministro de Hacienda y la anterior, doña Rocío, ha sido claro que si se hace como aduce la contraloría habría que bajar al menos unos ¢500.000 millones en gasto corriente. Eso implica cerrar 5 o 6 instituciones, y no autónomas, sino ministerios”, dijo.
“Eso es un suicidio no del gobierno sino de los servicios que recibe la gente”, concluyó.
Una ley para solucionar los diferendos
Mientras la Contraloría y el Poder Ejecutivo sostienen su enfrentamiento, los diputados buscan zanjar por medio de la ley el diferendo y oficializar la postura de la Contraloría.
La iniciativa fue presentada de la jefa de fracción liberacionista Silvia Hernández y se tramita bajo el expediente 21.573.
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El proyecto generaría un período transitorio de dos años con la interpretación de Hacienda antes de entrar a regir.
En medio del debate, la diputada Hernández protestó porque el Poder Ejecutivo no ha convocado el tema para su debate en sesiones extraordinarias, a lo que el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, indicó que no era el momento preciso.
