Tomás Gómez
Aunque el Gobierno tiene representación en el Consejo de Transporte Público (CTP), este martes el presidente Carlos Alvarado se distanció de la postura del ente sobre un eventual bloqueo de las aplicaciones de transporte.
Según el mandatario, su Gobierno ya cumplió con presentar un proyecto de ley para regular el tema.
Aunque la versión del proyecto de Zapote no tuvo acogida entre los diputados, Alvarado insistió en que esa es la vía con que se apoyaría una regulación a las plataformas como Uber, DiDi o InDriver.
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“Yo lo que esperaría es que ese proyecto de ley prospere para llegar a normalizar o regularizar esas actividades”, afirmó el mandatario.
Alvarado destacó, eso sí, que de momento la prioridad legislativa se la darán a la agenda relacionada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El debate para regular las plataformas de transporte está estancado en Comisión Legislativa de Asuntos Económicos desde hace meses. En el foro, el borrador presentado por el Gobierno no tuvo ningún éxito (El Observador)
Gobierno se divide entre bloquear y no estar capacitado para hacerlo
Aunque miles de personas dependen de su labor en las plataformas electrónicas y al servicio se le cobran impuestos, el CTP insiste en que la actividad es ilegal.
Por ello, el viernes anterior la Junta Directiva acordó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que presente una demanda ordinaria contra Uber, DiDi e InDriver.
Con esta medida, el CTP busca el cierre definitivo de las operaciones de las empresas.
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Otro de los puntos acordados por el ente colegiado es solicitarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) bloquear dichas aplicaciones.
Diputados de diversas bancadas mostraron su rechazo al plan. También lo hicieron grupos como la Asociación Consumidores de Costa Rica y la Asociación de Consumidores Libres.
A ellos se sumó la Cámara de Comercio. El grupo señaló que lo procedente es regular la actividad, que permite a miles de familias tener un ingreso aunque sea mínimo.
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“(Costa Rica) aún mantiene una de las tasas de desempleo más altas en casi cuatro décadas. Todo esto además en medio de una pandemia que ha sumido a miles de costarricenses en una crisis sin precedentes”, señalaron.
“La industria de plataformas ha fungido como un medio con pocas barreras de entrada para generar ingresos y aliviar a miles de hogares en el país, a los cuales este gobierno estaría afectando en medio de la mayor crisis económica que ha enfrentado Costa Rica”, agregaron.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, por su parte, rechazó tener competencia para proceder con el cierre de las aplicaciones.
La eventual demanda contra las plataformas electrónicas debería ser presentada por la Procuraduría General de la República (Archivo)
