Paulo Villalobos
El Ministerio Público ya inició la investigación del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSSS), Román Macaya, por aparente incumplimiento de deberes al firmar un pacto para levantar la huelga sindical.
La causa se abrió bajo el número 19-000198-1218-PE a raíz de una denuncia presentada por el diputado independiente Érick Rodríguez. Así lo confirmó a El Observador la oficina de prensa del órgano acusador.
El 21 de agosto de 2019, el despacho de la fiscala general Emilia Navas recibió una solicitud para el inicio de una pesquisa contra el jerarca.
De acuerdo con la nota del congresista, del cual este medio tiene copia, Macaya, “de manera arbitraria, irregular y contraria a la ley, firmó un acuerdo con sindicatos de salud, que permitirá a éstos incumplir con lo establecido en la Ley (de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)”.
Dicho convenio lo suscribió el 12 de agosto de 2019 la Presidencia Ejecutiva de la Caja de Seguro Social con sus organizaciones de trabajadores.
El incumplimiento de deberes está previsto en el artículo 339 del Código Penal. La norma establece un castigo de entre uno y cuatro años de inhabilitación al funcionario que “omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
El caso contra Macaya se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que aún no se revelaron detalles.
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Controvertido acuerdo
La institución encargada de la seguridad social y sus sindicatos firmaron el 12 agosto de 2019 un pacto con 15 puntos.
Entre ellos, se acuerda pedir a un juzgado que estudie si la reforma tributaria debe aplicar o no a los empleados de la Caja. Esto último en lo relacionado a anualidades, complementos, sobresueldos y pluses.
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Mientras tanto se mantienen el cálculo de los incentivos salariales y sobresueldos para los trabajadores incorporados antes de la nueva ley. Esto al acatar un acta firmada por las partes el 20 de febrero del 2019.
También se negociarán el reconocimiento del incentivo de carrera profesional, el pago bisemanal, el monto del auxilio de cesantía, entre otros.
Macaya defiende el convenio debido al “drama humano” que se vivió en los centros médicos con la cancelación de servicios, el cual debía frenarse.
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De igual manera lo justificó el presidente Carlos Alvarado, ante los cuestionamientos de los diputados y el sector productivo.
El Observador pidió una reacción a la Caja de Seguro Social, pero al cierre de esta publicación se indicó que la solicitud estaba en trámite.
Paulo Villalobos
