Paula Ruiz
El presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, defiende la prohibición de las huelgas políticas, y asegura que de no ser así, se corre el riesgo de quebrar el país al otorgar la posibilidad de hacer estos movimientos todos los meses en oposición a proyectos de ley y decretos ejecutivos.
El término específico de huelga política como tal, no está tipificado, sin embargo, se interpretó así en la legislación costarricense desde 1943 hasta el 2015, y se eliminó con la última reforma procesal laboral.
Sin embargo, Benavides sostiene que para dar seguridad jurídica busca, con el respaldo de otros diputados, aclarar el término en su proyecto de ley expediente 21.049
El 22 de mayo los diputados de la comisión especial que analiza el expediente, encabezado por el presidente legislativo, aprobaron un texto sustitutivo que prohíbe expresamente la huelga política.
Benavides insiste en que el espíritu de la iniciativa siempre será prohibir el bloqueo de carreteras y sabotaje de bienes públicos a través de las huelgas, que tanto afectan a la ciudadanía.
Dicha propuesta le ha valido el reclamo de sectores sindicales, especialmente educativos, que reclaman que el proyecto limita los derechos de los trabajadores a manifestarse.
Pero Benavides insiste en que no se elimina el derecho a la protesta, pues asegura que la huelga política no se relaciona en lo absoluto con alguna demanda hacia el patrono, sino más bien, con el descontento con proyectos de ley, decretos ejecutivos o discusiones país.
“Los patronos les tienen que pagar el salario (por esas huelgas políticas), si usted hace eso, quiebra un país, porque todos los meses habría un disgusto por un proyecto de ley o por un decreto o disposición de política general, y sencillamente el país se hace invivible, insoportable”, expresó el presidente legislativo.
Gilberto Cascante, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) afirmó en su comparecencia ante la Comisión Especial de Huelgas, que el prohibir este tipo de manifestaciones tendrá un efecto directo en las condiciones de vida de la población en general y de la clase trabajadora.
Cascante recurre a un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para defender su postura.
“La declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica del Gobierno y su prohibición constituyen una grave violación de la libertad sindical”, indica la OIT en su documento “Principios de la OIT sobre el derecho de huelga” al que se aferra Cascante.
Avance
Como el proyecto se tramita con un procedimiento distinto al resto de proyectos de ley, se le aplicó un plazo para su discusión que vence el próximo miércoles.
Pero como los legisladores aún están revisando los criterios emitidos por instituciones públicas y privadas sobre el texto sustitutivo aprobado el 22 de mayo, todo apunta a que no les dará tiempo para dictaminar el expediente antes de esa fecha.
De ahí que se tendrá que solicitar una prórroga al plenario legislativo.
De acuerdo con Benavides se podría necesitar unas dos semanas más para terminar, y cada que puede, aprovecha, invita a los sectores sindicales a aportar ideas para la discusión del plan.
