Paula Ruiz
La Procuraduría General de la República advirtió que el proyecto de ley que pretende tasar cobros judiciales, atenta contra lo dispuesto en tres artículos de la Constitución Política.
Así lo indicó Juan Luis Montoya, Procurador Tributario, en el criterio emitido el 21 de agosto anterior, sobre la iniciativa 21.275.
“Es criterio de la Procuraduría General de la República que el proyecto de Ley propuesto atenta contra lo dispuesto en el artículo 41, 33 y 185 de la Constitución Política. Sin embargo, la aprobación o no de un proyecto de ley, es competencia exclusiva de los señores Diputados”, señaló.
El procurador amplió que la Carta Magna establece como obligación de los costarricenses, contribuir con los gastos públicos la cual debe de ser financiada mediante los impuestos que cada ciudadano paga.
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Así las cosas, el proyecto de ley podría atentar contra el acceso a la justicia, según Montoya.
De previo, los bancos habían advertido que la iniciativa conllevaría a clientes a pagar una tasa de entre 2% y 7%, cada vez que inicien una gestión de cobro ante los Tribunales de Justicia, por préstamo moroso.
Al respecto, la Procuraduría advierte que podría quebrantar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
“Por cuanto no se establece en dicha norma como se deben aplicar el porcentaje fijo o escalonado, aparte de que delega en la Corte Plena del Poder Judicial la potestad para establecer los mínimos o máximos de la tarifa, lo que podría llevar abusos para dotar de recursos a los despachos judiciales que deben sufragar sus gastos vía presupuesto nacional”, indicó el procurador.
La iniciativa impulsada por el socialcristiano Rodolfo Peña, está asignada a la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El diputado no recibió con agrado el criterio de la Procuraduría al indicar que no realiza consideraciones de fondo y refutó los señalamientos constitucionales.
“Como la misma Procuraduría lo advierte, su criterio no es vinculante. Y no me parece el tema de afectación de los artículos constitucionales sobre trato desigual ante la ley y acceso a la justicia”, declaró Peña.
El socialcristiano aseguró que definitivamente, la decisión estará en manos de los congresistas del foro legislativo sobre el avance o no del proyecto.
Diputado Rodolfo Peña defendió su propuesta y refutó las observaciones de la Procuraduría. Foto: PUSC.
Buscar soluciones
El expediente señala que el proyecto tiene como principal argumento la mora judicial que encuentra en ese estrado una saturación del servicio.
“La delimitación al sector cobratorio resulta conveniente en el tanto que ello permitiría al Poder Judicial poder enfocar otros recursos presupuestarios a áreas delicadas mientras que se dedican los recursos del cobro de demandas a obtener beneficios directos de los Despachos que las conocen”, establece el proyecto.
Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), consideró que los congresistas deben de tomar en cuenta este tipo de criterios técnicos pese a no ser vinculantes.
No obstante, nombró dos soluciones que podrían ayudar en la desaturación del sistema judicial:
- Modificar la Ley para que quede plasmado que los créditos incobrables menores al costo de apertura del expediente en Poder Judicial, puedan ser aceptados como incobrables por el Ministerio de Hacienda, sin necesidad de presentarlo como cobro judicial.
“Hoy en día, el Código Tributario dice que debe agotar todos los mecanismos legales para que crédito sea declarado incobrable, a veces cobros son de 3 mil, 50 mil, 300 mil colones y tiene que meterlos todos para que se tramiten en la vía judicial, solo abrir un expediente le cuesta al rededor de 900 mil”, señaló el asesor legal. - La segunda propuesta tiene que ver con que aquellos cobros judiciales donde el cliente está de acuerdo, puedan tramitarse ante un notario público en una vía extrajuidicial. En tanto, al Poder Judicial irían aquellos con oposición o apelación.
“Alrededor de 51% del circulante de casos del poder judicial tiene que ver con cobro judicial, hay que ver cómo se baja el circulante y hay forma de hacerlo para ahorrar costos y evitar desperdicio de recursos”, acotó Gómez.
El asesor legal consideró que los diputados deberían de tomar en cuenta este criterio de la Procuraduría y no desoír criterios técnicos que a la postre, servirán como base para evitar acciones de inconstitucionalidad.
