Paula Ruiz
La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el Gobierno no debe pagar de manera retroactiva las anualidades a funcionarios de los periodos 2020-2021 y 2021-2022, según informó en un criterio emitido el 16 de setiembre.
En el documento, el procurador Julio César Mesén, expone a la ministra de Planificación, Laura Fernández destaca que las anualidades no serían canceladas después de transcurridos los años 2021 y 2022.
“Pero, la antigüedad acumulada durante ese lapso sí sería contabilizada para efectos del cálculo y pago futuro de anualidades”, destaca el pronunciamiento.
“Lo anterior implica, por ejemplo, que un funcionario que ingresó al servicio del Estado en noviembre del 2019 y, por tanto, adquirió el derecho al pago de su primera anualidad en noviembre del 2020, mantendría el pago de esa primera anualidad durante los años 2021 y 2022, sin incremento alguno por esos años, ni pago retroactivo correspondiente a las anualidades de ese periodo (2021-2022)”, explicó Mesén;
“No obstante, a partir de noviembre del 2023, al acumular su cuarto año de servicio, deben computársele y cancelársele cuatro anualidades (y no solamente dos) pues debe contabilizársele la antigüedad acumulada durante los años 2021 y 2022”, continuó.
La consulta ante la PGR se emitió desde el Gobierno tomando en cuenta que en el cuatrienio 2018-2022 se aprobó un proyecto de ley para eliminar las anualidades del 2021 y 2022 aunque quedó la duda si debían pagarse de manera retroactiva.
“Ya sabemos lo que tenemos que hacer”
El diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP) reaccionó ante el criterio emitido por la Procuraduría.
Feinzaig, quien integra la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analiza el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico de 2023, advirtió que no se podrá dejar pasar una anualidad de manera retroactiva.
“No se tienen que pagar y por lo tanto en el proceso de análisis de presupuesto, ya sabemos lo que tenemos que hacer”, afirmó este miércoles en Plenario.
La eliminación de estas anualidades se aplicó como una medida para paliar las afectadas finanzas públicas que se agravaron por la pandemia.
El ahorro en anualidades se estimó en 44 mil millones de colones, mientras que las instituciones autónomas habrían trasladado 23 mil millones al Fondo Nacional de Emergencias.
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