Redacción El Observador
“Con su actuar alejado del deber de probidad, a la función pública representativa le dio otro sentido, el de representar intereses particulares de Juan Carlos Bolaños, transgrediendo las funciones y competencias otorgadas por la Constitución Política (…) vulnerando el principio de legalidad contemplado en el artículo 11”.
Así dice la Procuraduría de la Ética Pública en su informe 13-2019 de 34 páginas, fechado 28 de mayo de 2019 y suscrito por la procuradora Lizzy Dorado.
La Procuraduría de la Ética indicó que presume “que Bolaños le solicitó a Morales Zapata, desde el 23 de diciembre del 2014, colaboración para acceder a las autoridades de Gobierno que podrían ayudar con “sus requerimientos” para agilizar la importación del cemento.
La Procuraduría dejó en manos de los diputados su informe a la espera de que los actuales legisladores tomen medidas al respecto, sin embargo, hace ver que no hay un marco jurídico en este momento que pueda sancionar a Morales Zapata, en primer lugar porque ya no se desempeña como diputado, y en segundo, porque no hay una ley especial que castigue a los diputados, pese a que una reciente reforma constitucional aprobada el año pasado así lo ordena.
El ente procurador entró a conocer el asunto atendiendo la solicitud de la Comisión legislativa especial que investigó los hechos relacionados con el negocio del cemento chino.
Por este caso guardan arresto domiciliario Juan Carlos Bolaños, el exgerente del Banco de Costa Rica Mario Barrenechea. Otros cincos miembros más del cuerpo gerencial del banco estuvieron en prisión preventiva.
Este insumo de la Procuraduría sí podrá ser enviado por los diputados al Ministerio Público, donde existen varias causas abiertas en torno al caso, al grado de mantener en prisión preventiva al empresario Bolaños y al exgerente Barrenechea.
En cuanto a Morales Zapata, con los insumos dados a conocer desde la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación, la Procuraduría señaló que Morales Zapata se dedicó a promover acciones para facilitar el negocio de importación de cemento.
Así es como señala el ente procurador de la ética que “el 2 de noviembre del 2015, Morales Zapata gestionó una reunión con el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, que incluso se extendió a una segunda jornada el 4 de noviembre, donde trataron temas de interés para agilizar la importación de cemento por parte del empresario Juan Carlos Bolaños”.
Si bien Morales no estuvo en dicha reunión, Bolaños aprovechó para exponer su proyecto, “contar su vida” y afirmar que las regulaciones vigentes encarecían el precio del cemento.
Enlace con Zapote y Cuesta de Moras
En el informe, la Procuraduría dice además que Zapata fue el enlace de los intereses de Bolaños con Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa y otras instituciones.
“Victor Morales Zapata asumió como suya la lucha por los intereses privados del importador de cemento, propiciando y participando en reuniones tanto en la Asamblea Legislativa como en Casa Presidencial, en las que el señor Juan Carlos Bolaños exponía ante altos jerarcas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sus necesidades específicas en relación con los asuntos o trámites en instancias del Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, con el fin de que se le buscara una solución a sus inconvenientes”, reza el informe.
El Observador trató de contactar a Morales Zapata pero tenía su teléfono apagado.
Aunque desde el inicio de su gestión como diputado Víctor Morales Zapata se separó de la fracción de Acción Ciudadana, siempre fue uno de los principales aliados del expresidente Luis Guillermo Solís en el Congreso.
En la Asamblea Legislativa
Pero la influencia de Morales Zapata no terminó en Casa Presidencial y la CNE. Su relación con diputados, especialmente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le permitió abogar por los intereses del empresario del cemento para facilitar sus gestiones de importación.
“Podemos indicar que el señor Víctor Morales Zapata asumió como suya la lucha por los intereses privados del importador de cemento, propiciando y participando de reuniones tanto en la Asamblea Legislativa como en la Casa Presidencial”, reza el informe.
Estas acciones se habrían dado durante el periodo comprendido entre el mes de febrero del 2015 y el mes de julio del 2016, “en las que el señor Juan Carlos Bolaños exponía ante altos jerarcas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sus necesidades específicas, en relación con los asuntos o trámite pendientes en instancias del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, con el fin de que se le buscara una solución a sus inconvenientes”.
La Procuraduría no deja dudas sobre el grado de intercesión de Morales Zapata a favor de las operaciones de Bolaños, incluido el cambio de reglamentos.
“El señor Víctor Morales Zapata se convirtió en el enlace entre el señor Juan Carlos Bolaños y la Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa y diferentes instituciones públicas, para atender temas de interés del empresario -según manifestó ante la Procuraduría el mismo exdiputado con motivo de la denuncia DEP- 118-2017- y lo reconoció ante la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa.
“El objetivo que pretendían estas reuniones propiciadas por Morales Zapata eran modificar reglamentos técnicos que permitieran la importación de cemento de parte de Bolaños, así como detener el proyecto de ley que impone un 5% de impuesto a la importación del cemento.
Asimismo, la Procuraduría determinó que Morales Zapata también intervino para facilitar el esalmacenaje y “nacionalización del cemento, y agilizar gestiones pendientes del empresario en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)”.
La Procuraduría también apuntó que luego de una reunión que se realizó en la Asamblea Legislativa con varios diputados de la Unidad Social Cristiana a principios del 2015, Morales Zapata realizó una llamada telefónica al señor Iván Brenes, entonces presidente de la CNE, para consultar por posibles pagos atrasados de facturas que se le adeudaban al empresario del cemento.
El 13 de febrero del 2015 y lunes 16 de febrero del 2015, Bolaños pudiera discutor con el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y con el entonces director jurídico de la Presidencia, Marvin Carvajal, sobre las restricciones técnicas del MEIC que impedían utilizar cemento importado en las obras de la CNE.
Además de contactar a Brenes y Jiménez, la Procuraduría también apunta que Morales contactó al entonces ministro de Economía y ahora diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, para trasladarle las quejas del empresario Bolaños, sobre las actuaciones del Gobierno que estaba generando inconvenientes a la importación y utilización del cemento chino.
Información elaborada por los periodistas Tomás Gómez, Juan Pablo Arias, Sylvia Alvarado, Marco Marín y Esteban Mata
