Paulo Villalobos
Noticia actualizada a las 4 pm, con información ampliada
La Procuraduría General de la República (PGR) confrontó un criterio del Ministerio de Hacienda, con el que pretendía derogar las exenciones contenidas en 71 leyes especiales, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Así consta en el oficio C-185-2019 del 4 de julio de 2019, el cual fue remitido a este medio por la oficina de prensa del abogado del Estado.
“Es criterio de la Procuraduría General de la República que la lista de exenciones contenida en el artículo 8 de la ley que reforma la Ley Nº 6826 (de Impuesto al Valor Agregado – IVA) viene a sustituir la lista de bienes exentos contenida en el artículo 9 del texto reformado.
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“Asimismo, no puede entenderse que las exenciones del mal llamado impuesto de ventas otorgadas mediante otras leyes hayan sido derogadas tácitamente por las razones explicadas supra. Debe aclararse también, que las exenciones del impuesto de ventas que fueron otorgadas por plazos determinados a tenor de la Ley N°6826 se mantienen vigentes hasta el advenimiento del plazo”, concluyó el procurador tributario Juan Luis Montoya en su respuesta a la ministra Rocío Aguilar.
De esta forma, las exenciones a, por ejemplo, las compras de las universidades públicas, la importación de taxis y ambulancias, o la adquisición de equipos médicos; se mantienen.
Argumentación
Posteriormente, en conversación con El Observador, el funcionario indicó que la argumentación se basó en que ninguna reforma integral conlleva una derogatoria tácita y que en el caso en cuestión, la reforma fiscal, lo que se dio fue la sustitución de un texto.
“La Ley N°9635 (de Fortalecimiento) lo que viene es a variar el texto de la Ley N°6826, pero en ningún lado el legislador metió alguna norma transitoria o derogatoria, que dijera qué iba a pasar con los regímenes de exención que contemplaba el Impuesto de Ventas en otras leyes.
“Entonces Hacienda parte del criterio de que fueron derogados, Procuraduría considera que no, que no puede inferirse esa derogatoria a los regímenes exonerativos”, recalcó el procurador.
Montoya añadió que para que se dé una derogatoria, la Asamblea Legislativa debe especificarlo en un nuevo proyecto, ya sea para eliminar las exenciones vigentes, o bien, para añadir una interpretación a la nueva versión de la ley.
Interpretaciones de abogados
Los expertos en la materia Iván Vincenti, exprocurador; Francisco Villalobos, exdirector general de Tributación; German Morales, socio director de la firma Grant Thornton; y Carla Coghi, de Deloitte, confirmaron a este medio que las conclusiones del abogado del Estado son opuestas a las de Hacienda.
“Básicamente lo que está diciendo la Procuraduría es que no consta en el expediente (20.580, con el que se tramitó la reforma en la Asamblea Legislativa) ninguna discusión que permita entender que el espíritu del legislador era derogar tácitamente todas las exenciones. y que estaría el Poder Ejecutivo arrogándose competencias que no le corresponden desde el punto de vista constitucional, al interpretar de esa forma (derogando exenciones contenidas en leyes especiales)”, manifestó Villalobos.
Morales resaltó que la Procuraduría le indicó específicamente al Ministerio Hacienda que debía mantener los derechos de exoneraciones que el Estado ya había acordado con contribuyentes beneficiarios.
“La Procuraduría resalta que no hay una derogación de la ley anterior (la N°6826), sino una sustitución del texto”, dijo puntualmente Vincenti.
Coghi destacó que con este criterio, se mantienen exenciones como las de incentivos turísticas y la de compras de vehículos eléctricos.
¿Qué pasa ahora?
El Ministerio de Hacienda cuenta con ocho días hábiles para solicitar una reconsideración del dictamen a la Procuraduría General.
De lo contrario, deberá asumir la posición en cuestión, ya que la misma tiene una carácter vinculantes, según explicó Montoya a El Observador.
Otra posibilidad es someterlo a una dispensa ante el Consejo de Gobierno; un trámite considerado complejo por Vincenti.
Este medio intentó obtener una reacción del Ministerio de Hacienda, sin embargo, al cierre de esta publicación no fue posible obtenerla. El 21 de junio de 2019, la ministra Aguilar dijo a este medio que, en caso de que se variara el criterio, “se actuaría de manera diferente”, sin que esto requiera de la publicación de un nuevo reglamento o resolución.
“Correcta interpretación”
El diputado Pablo Heriberto Abarca, uno de los más críticos del criterio del Ministerio de Hacienda, celebró la respuesta de la Procuraduría General, ya que, insistió, la primera de las opiniones contravenía el espíritu que existió en el Congreso.
“Me parece correcta la interpretación de Procuraduría, sobre todo, aclarando que el espíritu del legislador no está constituido en actas y por lo tanto no se puede desprender que hay una derogatoria tácita. Por lo menos yo, que lo voté, lo voté en el sentido de que se mantenían”, comentó el parlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
A su parecer, quitar las exenciones mediante una interpretación habría si un problema y “un golpe al sector productivo”.
“El mantenimiento de las exoneraciones en medio de planes de reactivación económica, se ven positivas. Si el plan hubiera implicado eliminarlas, yo no las hubiera votado, porque no se le puede poner al sector productivo más impuestos y subirle los costos y a la vez, quitarle ventajas que tiene, que dan seguridad jurídica”, declaró.
Colaboraron los periodistas Juan Pablo Arias y Paula Ruiz.
Paulo Villalobos
