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Procuraduría pide ¢58.000 millones como indemnización al Estado por Caso Cochinilla

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La Procuraduría General de la República se sumó este miércoles al Caso Cochinilla a nombre del Estado, pidiendo una millonaria indemnización que supera los ¢58.000 millones.

El monto se divide en ¢45.183. millones por concepto del daño material y ¢13.555 millones por el daño social.

La demanda civil se dirige contra 78 personas entre físicas y jurídicas, incluidos los funcionarios públicos investigados así como a los particulares y empresas involucradas.

Con la interposición de la acción civil resarcitoria el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público.

Según la Fiscalía se trata de una red de crimen organizado que habría malversado millones de colones en obras de infraestructura vial en perjuicio del Estado.

En razón de que la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria,  esos montos pueden variar,  conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía.

La acción de la Procuraduría se presenta dos días después de que el juez del Tribunal Penal de Hacienda determinara que los dueños de las empresas Meco y H Solís, involucradas en la investigación, debían volver a prisión preventiva.

Según el juez Hugo Porter, dado el perfil socioeconómico de los sospechosos, su poder y las posibles penas, era necesario tener medidas más drásticas mientras avanza el proceso.

Ambos empresarios estaban en libertad  tras el pago de millonarias fianzas -Cerdas de $5 millones y Solís de $3 millones-, pero el Tribunal anuló dicha resolución.

OBSERVE MÁS: Caso Cochinilla: Dueños de H Solís y Meco deberán cumplir 4 meses de prisión preventiva, ordena Tribunal Penal

El caso

Según la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, se habrían malversado cerca de ¢78.000 millones entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 por una red de corrupción que incluía a funcionarios públicos.

La investigación se da por varios delitos: cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

Se realizaron 57 allanamientos en diferentes instituciones públicas como la propia Casa Presidencial, las oficinas centrales del Conavi y el MOPT. Se detuvo a 28 personas, entre funcionarios públicos y miembros de las empresas constructoras señaladas.

Solo los dueños de H Solís y Meco permanecen en prisión y se aguarda que se llame a nuesvos imputados en esta investigación.


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

Tomás Gómez
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