Hermes Solano
La Procuraduría de la Ética Pública interpuso una acción civil resarcitoria contra Juan Carlos Bolaños y otras personas por el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública en el caso del Cementazo.
La institución estimó la indemnización ¢138,950,467,697.34; es decir, casi ¢139.000 millones.
El abogado del Estado se apersonó al proceso bajo el expediente 17-000013-33-PE contra Bolaños y ocho personas más, así como contra cuatro empresas.
“Está cobrando el daño social por los hechos de corrupción”, indicó la Procuraduría.
Además de Bolaños, dueño de Sinocem, empresa que importó cemento de China, están demandados: Kendall Gómez, Allan Bogantes, Ana Laura Suárez, Javier Rojas, Rigoberto Delgado, Adolfo Arias, José Thompson y Mario Cortés.
Junto a ellos se interpuso demanda civil solidaria contra cuatro empresas que son:
- Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A.
- JCB Constructora y alquiler S.A.
- JCB Distribuidora S.A
- Sinocem Costa Rica S.A.
La audiencia preliminar está para desarrollarse en los Tribunales de Goicoechea, en el Segundo Circuito Judicial de San José dentro de tres meses, es decir, para diciembre.
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Acusados
El pasado 15 de julio la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República acusó y solicitó el auto de apertura de juicio en contra de cuatro imputados ligados al Cementazo.
Uno de ellos el empresario Juan Carlos Bolaños, así como también los exfuncionarios del Gobierno de Luis Guillermo Solís: Benito Coghi Morales, exdirector general de Aduanas; Víctor Morales Zapata, exdiputado y Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de ingresos.
De acuerdo con el despacho, tras la investigación del expediente 17-000032-621-PE se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del ex viceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre del 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico embarcadas a bordo del barco Aquiles Bukle, proveniente de China.
Además, se acusaron supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del Exdirector general de aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el beneficio Bolaños.
