Paula Ruiz
La Procuraduría General de la República (PGR) insiste en que el Partido Acción Ciudadana (PAC) debe de pagar la estafa cometida en perjuicio del Estado, por 263 contratos por servicios profesionales y no por 179 como se le condenó.
Así lo declaró Randall Aguirre, procurador Penal de la PGR, esta mañana durante la Comisión Legislativa especial que investiga el financiamiento del PAC durante las campañas electorales de 2002, 2006 y 2010.
De los hechos del 2010, es donde surge precisamente la condena contra Acción Ciudadana, al utilizar contratos falsos para luego cobrarlos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante deuda política.
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Juicio por dinero
Aguirre reconoció que se podría estar a las puertas de un nuevo juicio con el PAC, para definir el monto de la estafa. Recientemente se dio una notificación de la Sala Tercera, donde acudió la agrupación a impugnar el monto.
Inicialmente se condenó al PAC al pago de ¢352 millones, que ascendió a ¢516 millones tras la orden del Tribunal de Apelación.
El aumento a ¢516 millones corresponde precisamente a ese análisis de la Procuraduría, de que el pago debe ser por 263 contratos y no 179 como se contempló.
“Ya tengo la sentencia integral de ese caso que fue notificado recientemente por la Sala Tercera, donde ordena un reenvío ante el Tribunal Penal de apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José y con los argumentos planteados en la sentencia, me indica que podríamos terminar en el Tribunal de juicio nuevamente, pero solo discutiendo el aumento de la suma económica”, reconoció Aguirre.
La diferencia de esos 84 contratos podría ser crucial porque además, variaría el monto final al incluir costas e intereses, que ascienden a ¢800 millones.
El jerarca de la PGR explicó que cuando la institución plantea la acción civil, el Tribunal les indica que todos los suscriptores de contratos debían asistir a las salas de juicio. No obstante había personas ya fallecidas, otros no quisieron ir e incluso algunos estaban en condición de salud crítica.
“La estafa está en 263 y no en 179, por eso vamos a seguir insistiendo que la condena debe ser por ¢516 millones más intereses y no 352 (millones de colones)”, detalló.
Durante la sesión de este lunes, los diputados aprobaron llamar en audiencia a los exlegisladores Claudio Monge, Jeannette Ruiz, Laura Garro y Elizabeth Fonseca, además de Roberto Zoch y Francisco Molina.
También se llamará en audiencia a Margarita Bolaños, exsecretaria general del PAC y Ruy López, asesor legal del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
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