Paula Ruiz
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se sumó a la investigación que se realiza en la Fiscalía General contra la diputada Ivonne Acuña por el supuesto incumplimiento de deberes.
Tras una consulta realizada por El Observador, la Procuraduría confirmó la información.
“La Dirección de la Procuraduría de la Ética Pública se encuentra apersonada en la causa judicial n.° 22-15-33-PE; expediente en el cual se hace referencia al escenario consultado”, detalló.
“La Procuraduría de la Ética Pública ejercerá las competencias legales que tiene para este tipo de procesos penales, por tratarse de una servidora pública y referir a un eventual delito funcional cometido por ésta”, continuó.
Esta causa en la Fiscalía también es contra Silvia Hernández, presidenta del Congreso, por presunto incumplimiento de deberes.
Esto porque Hernández avaló los permisos de diciembre y enero.
Investigación legislativa
Por otra parte, la Asamblea Legislativa inició este martes la investigación en contra de la diputada Acuña. Esto por el presunto uso irregular del combustible así como sus ausencias.
Freddy Camacho, director ejecutivo interino de la institución, detalló que a partir de las 3 p.m. se convocó a personal administrativo para delinear el plan de trabajo.
“La investigación que se ha solicitado por el Directorio y la Administración es documentar y ver si hubo irregularidades y si procede poner las denuncias en la vía judicial correspondiente, incluso Procuraduría de la Ética”, declaró Camacho.
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El jueves anterior, La Nación informó que Acuña hizo una transacción por ¢3 millones el 30 de noviembre en 2021.
En tanto, El Observador dio a conocer que la legisladora salió del país el 11 de diciembre.
Pero el 14 de ese mes se registró una transacción por ¢35.552 en la Estación de Servicio La Favorita.
Adicionalmente, este medio documentó que la gasolinera donde Acuña hizo la transacción de ¢3 millones llegó a un acuerdo con ella para usar ese dinero desde el 30 de noviembre en adelante.
Así lo explicó Juan Carlos Alvarado, gerente de la gasolinera Fill N Go, quien confirmó el acuerdo con la legisladora. Señaló que lo denominan prepago pues canceló antes de consumir el producto.
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Alvarado informó que no se estableció una fecha límite para consumir los ¢3 millones, pese a que Acuña dejará de ser diputada el 30 de abril o antes, en caso de renuncia.
El gerente no precisó si el acuerdo es con base en un solo vehículo o varios.
Desde enero anterior, El Observador reveló que Acuña tenía un mes sin asistir al Congreso, pero ya cumplió tres meses.
La legisladora aduce tener una “enfermedad crónica autoinmune” que, de no tratarse adecuadamente, “podría convertirse en cáncer”.
Acuña tuvo permisos para ausentarse al plenario durante diciembre y enero; sin embargo, en febrero se le rechazaron y en marzo no ha hecho ninguna solicitud.
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