Paula Ruiz
La Procuraduría General de la República (PGR), el abogado del Estado, evitó referirse a los polémicos acuerdos firmados entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos en febrero y agosto anterior.
El procurador Julio Jurado defendió que no está dentro de las potestades de la institución, emitir este tipo de criterios, incluso por actos ya ejecutados.
“Por la naturaleza de la función, no nos referimos a actuaciones concretas y que ya se han materializado. Eso implicaría valorar la actuación de la administración”, indicó ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público donde investigan el tema.
Por esa razón, se acogió a lo ya expuesto por la Contraloría General de la República (CGR). El 12 de agosto, el presidente de la Caja, Román Macaya, firmó el acuerdo con los sindicatos. Cedió y aceptó no aplicar la reforma fiscal por completo con sus trabajadores. Pero en setiembre, el ente contralor anuló el pacto.
Jurado recordó que la CGR ordenó a la Junta Directiva de la Caja, aplicar la Ley 9635, más allá de derogar el acuerdo establecido con sindicatos.
“Este acuerdo es como inexistente porque no lo logró encuadrar como acto administrativo ni bilateral, es un acto que no existe desde el punto de vista jurídico”, comentó el jerarca con base en lo dicho por la Contraloría.
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Una de las consultas que sí pudo evacuar, tiene que ver con el traslado de pluses salariales de porcentual a nominal. Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se contemplaban como porcentuales.
Tras los cuestionamientos de José María Villalta, diputado por el Frente Amplio, tanto Jurado como el procurador adjunto Guillermo Bonilla, explicaron que ese cambio no implicaba un derecho adquirido.
“El problema de fondo era si la forma de cálculo tenía que ver con una situación jurídica consolidada o de derecho adquirido. Es decir, si la fórmula de calcular implicaba un derecho adquirido. Pero llegamos a la conclusión de que no lo es”, detalló Jurado.
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Ministro de la Presidencia a audiencia
En ese mismo foro legislativo, aprobaron una moción para que Víctor Morales, ministro de la Presidencia, sea llamado a audiencia por este mismo tema.
Morales formó parte de las negociaciones entre jerarcas de la Caja y sindicatos en agosto anterior, donde se suscribió el acuerdo que sirvió para ponerle punto final a la huelga sostenida por trabajadores de salud.
Luis Fernando Chacón, legislador liberacionista, defendió que la presencia del Ministro era necesaria, pues se debe de conocer la posición gubernamental sobre este acuerdo.
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