Krissia Morris Gray
Un total de 87 empresas recibieron ayuda financiera sin requerirla por parte de un programa del Estado para ayudar a organizaciones afectadas por la pandemia del covid-19.
Así lo señaló la Contraloría General de la República tras realizarle una auditoría al programa Alivio. Concluyó que 87 de las 191 empresas beneficiarias no tuvieron una reducción significativa de sus ingresos, por lo que no se les debían otorgar recursos.
De acuerdo con la entidad fiscalizadora del Estado, estas representan el 45,5%. Tras valoraciones efectuadas, se determinó que no tuvieron una reducción superior al 20% de sus ingresos.
Ante lo identificado, el ente contralor señaló que el “Programa Alivio no fue eficaz ni eficiente en el proceso de selección de las etapas, en dos de las tres etapas del programa: estabilización y de reconversión”.
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“El 44,95% (¢1.764 millones) de los fondos otorgados por el Programa Alivio como recursos financieros no reembolsables en las etapas de estabilización (¢1.031 millones ) y de reconversión (¢733 millones), fueron utilizados por empresas sin evidencia de que sus ventas se hayan visto afectadas en al menos un 20% por las medidas sanitarias provocadas por la emergencia nacional, lo cual es contrario a los fines perseguidos con el Programa”, se desprende del informe contralor.
191 empresas
El Programa Alivio, diseñado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), contó con el financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Si bien se enfocó en apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas que vieron afectados sus ingresos durante la pandemia, más bien algunas mejoraron sus resultados.
“…60 de estas, presentaron un aumento promedio en sus ventas del 68% en marzo de 2020 respecto al año anterior, y dos reflejaron variaciones positivas en sus ventas superiores a 1.500%.
“Además, se identificaron 32 empresas cuyas utilidades operativas fueron superiores al doble de los recursos recibidos por el Programa Alivio (máximos de ¢17 millones para medianas y ¢10,5 millones para pequeñas y micro empresas), lo que significa que los recursos entregados no representaban un aporte indispensable para atender el ejercicio normal de sus operaciones”, reseñó la Contraloría.
Para el ente, estas empresas “podían prescindir de la ayuda para mantenerse a flote”, reseña la Contraloría.
Por otro lado, se identificaron 89 empresas que sí tuvieron una afectación promedio del del 54,19% en sus ingresos, mientras que en 15 compañías no se pudo determinar algún perjuicio, porque no se contó con la información en las ventas en el 2019 y 2020.
Más resultados
Entre otros datos se identificó que:
- 41 empresas en las que los costos y gastos ejecutados en la etapa de estabilización representaron en promedio 22 veces más el monto otorgado por el Programa.
- En 17, el aporte de fondos públicos cubría 5,7 veces los costos y gastos reales ejecutados durante ese período; es decir, las empresas recibieron más recursos de los que ejecutaron en insumos, salarios y maquinaria.
- Durante la etapa de estabilización 38 empresas disminuyeron los empleos
- 38 compraron menos insumos a los proveedores (encadenamientos)
- 66 presentaron reducción en las ventas; 41 compañías, en la etapa de reconversión disminuyeron los empleos
- 38 los encadenamientos y 50 las ventas
“Esto debido a la ausencia de controles que direccionen y condicionen a las empresas beneficiarias a mantener los puestos de trabajo en sus jornadas regulares, los encadenamientos y las ventas, en concordancia a los propósitos de la entrega de los fondos durante los meses de ejecución de las etapas”, señala la entidad contralora.
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Empresas sí cumplían requisitos
La Promotora de Comercio Exterior (Procomer), una de las instituciones señaladas, se sacudió de las observaciones de la Contraloría. Señaló que las empresas beneficiadas sí cumplían a cabalidad los requisitos para acceder al Programa Alivio y así lo demostraron dos auditorías de firmas independientes.
Estas siguieron un proceso riguroso de selección que contemplaba 3 filtros: criterios de admisibilidad, evaluación y jurado de selección, indicó Laura López, directora de Despacho de Procomer.
“El objetivo principal del programa fue procurar la supervivencia de las empresas elegidas y el mantenimiento de sus operaciones. A día de hoy, el 100% de las empresas beneficiarias mantienen operaciones (como se demuestra en los informes de cada empresa entregados de manera oficial a la CGR)”, explicó López en su respuesta a El Observador.
Según la funcionaria, ka auditoría del órgano contralor no se llevó a cabo en concordancia con lo establecido en las Bases Operativas del Programa, ni respetando el alcance que se había establecido para el mismo.
Krissia Morris Gray
