Tomás Gómez
El borrador para el reglamento que regularía los conflictos de interés en el Poder Ejecutivo lleva semanas en Casa Presidencial, sin que a la fecha haya respuestas sobre su avance o posibilidades de ponerse en vigencia.
Así lo denunció el procurador de la Ética Pública (PEP), Armando López, este jueves.
El funcionario explicó que envió el texto integral hace varias semanas. Incluso escribió al ministro de la Presidencia, Víctor Morales, para conocer el avance del proceso.
“A final de diciembre le trasladé formalmente un borrador de ese documento. No había tenido respuesta. A principios de enero, cuando yo ingreso, doy una semana de tiempo. Entonces envío un correo señalando la posibilidad de una audiencia para hablar de este particular, con el compromiso no solo de valorar el reglamento si no además un plan de capacitación”, dijo el abogado.
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¿Qué dice el reglamento?
La regulación de los conflictos de intereses en los altos poderes ya tiene un antecedente en la instancia judicial. La experiencia sirvió de base para trazar un plan de réplica en el Ejecutivo.
Aunque la Ley General de la Administración Pública y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública regulan el deber de probidad desde hace varias décadas, el procurador destacó que se trata de una normativa general.
“Detrás de todo acto de corrupción, en el fondo, hay un conflicto de intereses. Lo que buscamos es poner en conocimiento de la Administración Pública el tema de cómo manejar adecuadamente el conflicto”, comentó López.
“Cuando un servidor público compromete la imparcialidad y la objetividad del interés general debe abstenerse. Entonces lo que buscamos con el reglamento es darle las herramientas para que se sepa por parte del servidor público cuándo abstenerse y a la vez cuáles mecanismos tiene la administración para accionar de manera que el servicio no se vea desmejorado”, resaltó.
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Presidencia no responde
El Observador buscó el criterio de la Presidencia sobre la normativa propuesta y las quejas de la Procuraduría, pero no hubo respuesta.
De acuerdo con López, por tratarse de un reglamento solo se requeriría una firma del Poder Ejecutivo para entrar a regir.
“De ahí el llamado que hice al señor ministro de la Presidencia para que este tema lo pudiéramos abordar”, concluyó el jerarca de la PEP.
Desencuentros con la Ética
En el pasado ya hubo desencuentros entre Presidencia y la Procuraduría de la Ética, con respecto a cómo resolver conflictos y faltas. Cuando hizo campaña como candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís prometió hacer vinculantes los criterios de la Procuraduría.
Pero una vez en el primer gobierno PAC, no cumplió. En casos como el de la ex viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, por el pago de un incentivo salarial que recibió a pesar de que no tenía derecho, Presidencia luchó y rebatió abiertamente contra el criterio del ente procurador.
En la administración previa de Laura Chinchilla (2010-14) hubo un fuerte pulso entre ambas instancias.
La Procuraduría de la Ética Pública, con Gilberth Calderón como jerarca, señaló que los entonces vicepresidente Luis Liberman y ministro Leonardo Garnier violaron los principios de la ética, en un caso de cartas de recomendación emitidas a favor de una empresa que buscaba un contrato con el Estado.
Pero en aquel momento, tampoco fueron consideradas vinculantes las investigaciones y los criterios de la PEP.
