Paulo Villalobos
Control Electrónico S.A. (CESA), empresa proveedora en el país de los dispositivos de monitoreo de la compañía suiza Geosatis Technology, advirtió que demandará al Estado, si concreta un cambio en las tobilleras que dan seguimiento a 1.600 personas condenadas que descuentan arresto domiciliario.
El representante legal de la sociedad, Boris Molina, adelantó a El Observador que la gestión se realizará solo si la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) sigue adelante con un pedido del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), de cambiar los aparatos a partir de mayo por unos de tecnología más reciente.
La amenaza del proveedor se da 10 días después de que la primera de esas instituciones adjudicó tres contratos por más de ¢2.958 millones a la empresa Buddi Limited Sucursal Colombia.
“En el momento en el que nosotros tengamos la ejecución o materialización de esos actos, por supuesto que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y por supuesto que vamos a tomar todas las acciones necesarias”, dijo el abogado.
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Molina – sin precisar una cifra – estimó que en la demanda se reclamarán “varios millones de dólares” correspondientes a rubros que por “estrategia jurídica” no quiso detallar.
El jurista dijo que además pedirán al Ministerio Público investigar las actuaciones de los funcionarios involucrados en las gestiones para variar a la empresa que suministra las tobilleras electrónicas.
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Fabricante y proveedor cuestionan; Justicia calla
Tanto Geosatis Technology como Control Electrónico S.A. criticaron la decisión del Ministerio de Justicia y Paz, de cambiar de tecnología a menos de un año de que termine el contrato con la ESPH en enero de 2021.
Además cuestionaron que el cambio se hiciera sin un criterio técnico y sin que se les consultara sobre su capacidad para hacer la variación.
El vocero del fabricante de brazaletes suizo, Iván Barrantes, explicó que en diciembre de 2019, la ESPH renovó a Control Electrónico por cuatro meses y no por 12, como se había hecho en cuatro oportunidades previas. De acuerdo con el representante de Geosatis, la institución argumentó que estaba pendiente de resolverse un órgano director para determinar su participación sustantiva; razón por la cual la compañía accedió a extender su contrato hasta mayo en vez de diciembre del 2020.
Simultáneamente, el Ministerio de Justicia solicitó a la ESPH cambiar los dispositivos de unos con señal 2G a unos con señal 3G. La Empresa hizo un estudio de mercado, del que excluyó al actual proveedor, según Barrantes.
En un oficio remitido a la Contraloría General de la República (CGR) en marzo, la cartera argumentó que la información que recabó desde setiembre de 2019 será utilizada como insumo en la confección de una licitación pública internacional, que se prevé inicie a más tardar este mes.
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“La lógica dice que si usted es la empresa que da la tecnología, pues lo primero que se hace es preguntarle a ese proveedor actual si puede cubrir el requerimiento. Si a nosotros se nos hubiera solicitado eso, hubiéramos dado nuestra argumentación de que no es necesario. Pero si hubiera sido una condicionante, hubiéramos hecho el upgrade sin ningún costo”, indicó el vocero del fabricante.
El representante legal de Control Electrónico, Boris Molina, cuestionó la decisión como “sesgada que no puede ser establecida en esta forma. Ambos criticaron realizar la movida en plena emergencia por el coronavirus.
Justicia se limitó a indicar a El Observador que en los próximos días – sin definir una fecha – harán anuncios relacionados al sistema de monitoreo electrónico. La ESPH únicamente confirmó el pedido de mejora tecnológica y rehuyó que los detalles son confidenciales.
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Problema añejo sin resolver
Las inquietudes de Molinay Barrantes fueron remitidas a la ministra Fiorella Salazar, en cinco ocasiones entre el 19 de febrero y el 27 de marzo. Solo en la última, Control Electrónico S.A. recibió respuesta.
La jerarca se negó a programar una reunión con el representante legal del proveedor, pues la empresa no tiene relación directamente con la institución, sino con la ESPH.
También se rehusó a brindar información sobre la supuesta solicitud que hizo para cambiar a la compañía encargada de suministrar las tobilleras, al aducir que esta es de carácter confidencial según el artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas del Sector de Comunicaciones y el 11 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
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Ambas situaciones llevaron a Molina a interponer un recurso de reposición, con el que pretende que Salazar responda. También el 13 de abril envió una carta al presidente Carlos Alvarado para que el Gobierno intervenga en el conflicto.
Esta es la segunda ocasión en menos de un año que el tema llega a la Casa Presidencial. En octubre de 2019, el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, debió mediar entre Justicia y la ESPH, hasta que ambos firmaron un acuerdo para integrar una comisión que buscaría darle sostenibilidad al sistema de monitoreo electrónico.
Antes de la negociación, el Ministerio la emprendió contra los dispositivos al calificarlos de “obsoletos”, al tiempo que el fabricante Geosatis Technology sostiene que los suyos son los mejores del mercado y que quien falla es el equipo de vigilancia de Justicia.
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Paulo Villalobos
