Paula Ruiz
El diputado Roberto Thompson presentó un proyecto de ley, para establecer sanciones contra los jerarcas de instituciones públicas que no implementen el sistema digital que debe unificar todas las compras públicas.
El liberacionista hizo la presentación, tras darse a conocer un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que señala que se habría generado un ahorro de 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB), si el 100% de los procesos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, se realizaran por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el sistema existente para unificar todas las compras del Estado.
Según estimaciones indicadas en el proyecto de ley, entre 2017 y 2022 se habrían ahorrado ¢514 mil millones con la utilización de Sicop en todas las entidades públicas.
Ante este panorama, Thompson cree que hay responsabilidad de jerarcas por no implementar estos sistemas.
He presentado el proyecto 21.799 tendiente a otorgar un plazo adicional máximo a todos los entes públicos para implementar el sistema de compras ( SICOP ) y sanciones a los jerarcas que no lo hagan con el fin de que el ahorro impacte directamente en la mejora del déficit fiscal. pic.twitter.com/wRMDKM1RQJ
— Roberto H. Thompson Chacón (@rothocha) February 12, 2020
Su propuesta modifica la Ley 6227 para que los trabajadores públicos estén sujetos a responsabilidad disciplinaria no solo por sus acciones sino por sus omisiones siempre y cuando causen dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes.
Además adicionaría a la Ley de Contratación Administrativa, un artículo 40 sobre uso de medios digitales que diría lo siguiente:
Los jerarcas y demás servidores públicos responsables de los procesos de contratación administrativa que incumplan con esta norma incurrirán en dolo o culpa grave por los daños causados en el desempeño de sus deberes, conforme con el Artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 de 2 de mayo de 1978.”
El objetivo del liberacionista es ayudar con esta iniciativa al saneamiento de las finanzas del Estado.
12 meses adicionales
Por otra parte, el proyecto agrega un Transitorio para otorgar un plazo de 12 meses para que los entes públicos que no hayan implementado en su totalidad las compras vía Sicop, lo realicen.
Esto, pese a que la Ley 9395 “Para la Transparencia de las Contrataciones Administrativas” entró en vigencia desde hace cuatro años.
“Estarán obligados a informar cada tres meses a la Contraloría General de la República acerca de los avances en el cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de la apertura de los procesos disciplinarios correspondientes en caso de incumplimiento”, propone la iniciativa.
“Resulta inconcebible que después de cuatro años de que se implementó la Ley N.° 9395, aun las instituciones públicas no se han apegado al 100% al sistema único de compras evitándole un gasto millonario al Estado”, apuntó el verdiblanco.
El proyecto se tramitará en la corriente legislativa a través del número de expediente 21.799.
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Histórico fracaso y rezago
Costa Rica ha fallado en implementar un sistema unificado para las compras públicas. Desde el 2012 la Contraloría recomendó e instruyó a que unificaran las diversas plataformas digitales para compras existentes en las instituciones públicas.
Desde el 2001, en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, se creó CompraRed que no era totalmente digital. Se administraba en el Ministerio de Hacienda.
Luego Laura Chinchilla intentó seguir la orden de la Contraloría, lanzando Mer-Link como sistema único. Este operaba desde el 2010, pero no ubicada en Hacienda.
En el 2015, Luis Guillermo Solís – con mucha polémica – lanzó Sicop, manejado desde Hacienda y reclamando que previamente no se cumplió la normativa, que instruye a este Ministerio a coordinar esta materia. Sin embargo admitió que Mer-Link tenía mejor tecnología y el Sicop se basó en ella.
Hoy en día, el pendiente sigue. Apenas en diciembre del 2019, la Caja Costarricense de Seguro Social – entidad enorme que realiza una gran porción de todas las compras públicas – anunció que comenzaría a sumar todas sus adquisiciones a través del Sicop, aunque la ley lo obliga desde hace varios años. Acueductos y Alcantarillados (AyA) hizo un anuncio similar en agosto.
A pesar de lo ya existente, en agosto del año pasado, un grupo de diputados de diversas fracciones, en conjunto con la Contraloría, presentaron un proyecto de ley, con la cual pretenden modernizar la contratación pública; y también quiere establecer un sistema digital unificado.
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