Redacción El Observador
Por Marcela Villalobos Ramírez, para El Observador
Ante la presentación de un nuevo texto sustitutivo del proyecto de Ley de Empleo Público, algunos sectores alertaron que la redacción puede dejar abierto el portillo para que las negociaciones de nuevas convenciones colectivas se mantengan y, por ende, continúe la afectación a las finanzas públicas.
Tanto el texto presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como por el Partido Acción Ciudadana (PAC), se amparan a lo establecido por la Constitución Política en el artículo 62 (donde se permiten las negociaciones colectivas), el Código de Trabajo y el Convenio 98 suscrito por el país con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Ambas propuestas reconocen el principio de negociación colectiva como un derecho que corresponde a las personas empleadoras y trabajadoras o sus respectivas organizaciones.
“En el texto sustitutivo, se adiciona una definición de Convención Colectiva, no obstante, no se garantiza en el resto del articulado una verdadera aplicación de este instrumento, no se observa ningún supuesto en el cual el Estado, permita la participación de las organizaciones sociales en ningún ámbito de la relación del Estado y los servidores”, dijo el diputado independiente Dragos Donalescu.
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Respeto a la Constitución
Sobre si esto constituye un portillo para que se mantengan beneficios a costa de dineros públicos, como ha sucedido en el pasado, el diputado Donalescu consideró que la redacción es un buen esfuerzo, pero que debe armonizarse conforme a la Constitución Política.
Otra legisladora que se mantiene en la línea de respetar lo que señala la Carta Magna y los convenios internacionales es la independiente Zoila Volio. Ella afirmó que existen varias mociones que abordarán este asunto dentro del trámite del proyecto por lo que no descarta que mucho de la actual propuesta pueda modificarse sustancialmente.
“Aún no está claro porque hay muchas mociones que tocan el tema. Mi posición es que se debe respetar lo que dice la norma constitucional, no podemos ser demagogos de interpretar la Constitución como queremos oír que se diga”, dijo Volio.
Agregó que el texto original del proyecto dejaba por fuera de las negociaciones de convenciones colectivas a las instituciones que estaban en régimen de competencia o que no realizan gestión administrativa. Sin embargo, luego de algunas audiencias en la comisión, se decidió ampliar el rango.
Dado el receso actual por la mudanza al nuevo edificio del Congreso, la comisión no entrará a conocer estos asuntos hasta el próximo 19 de octubre, fecha en la cual se renovarán las funciones de todos los órganos legislativos.
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