Una nueva iniciativa de ley se presentó con la intención de fijarle reglas a quienes ejercen el cabildeo de intereses ante las instituciones públicas.
El proyecto fue planteado este martes por la diputada Ivonne Acuña, de la tendencia independiente Nueva República, liderada por Fabricio Alvarado.
La congresista señaló que la ley aplicaría para los funcionarios que tienen poder de decisión sobre contratos o políticas en todas las instituciones estatales.
En términos generales, el texto propone:
- Registro: los funcionarios públicos deberán llevar registro de las reuniones que tengan con representantes de empresas y organizaciones.
- Publicidad: las instituciones públicas deberán publicar en sus sitios web las bitácoras de reuniones, incluyendo los detalles de lo conversado, el lugar y la hora.
- Perfil profesional: quienes desarrollen las actividades del lobby deberán comunicar el objetivo del cabildeo, intenciones y si recibe remuneración.
Tanto para los funcionarios como para los representantes que irrespeten las disposiciones se estarían fijando multas económicas que van de los ¢223 mil y hasta los ¢3.570.000.
El tema recurrente en la Asamblea
El proyecto de Acuña es el cuarto relacionado al mismo tema que se presenta en la última década.
En el 2016, el liberacionista Rolando González propuso una regulación similar que fue tramitada por la Comisión de Gobierno. Mientras que a inicios de este año la socialcristiana María Inés Solís introdujo un nuevo texto que ahora es analizado por la Comisión de Jurídicos.
Por su parte, la fracción del Partido Acción Ciudadana intentó regular el lobby en el 2014, pero el proyecto terminó archivado.