Paula Ruiz
El proyecto de ley para la creación de un Fondo de Avales en beneficio de empresas afectadas por la pandemia, no tiene garantía sobre el giro de recursos.
Esta es una de las conclusiones de un informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa tras analizar el proyecto de ley 22.214 que pretende crear dicho Fondo.
Dicha iniciativa guarda relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que sería la entidad de girar los recursos para el Fondo.
Una promesa sin garantía
El informe concluye que no hay garantía del aporte concreto para el Fondo de Avales “sino, solo la promesa de tal posibilidad”.
El Gobierno prometió utilizar un crédito con el BCIE por $300 millones (unos ¢184.000 millones) para este fin.
La iniciativa para crear el Fondo de Avales indica que el financiamiento del BCIE dotará recursos para este plan, así como para transferir recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Queda claro que no hay una determinación única y definitiva de financiamiento de estos recursos hacia el Fondo de Avales”, señala el informe.
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“Por lo que se puede afirmar que respecto del fondo de avales lo que se dispone en el expediente 22.214 es la posibilidad de que parte de los recursos sean direccionados al fondo de avales, pero, no se determina ningún parámetro objetivo que pueda indicar los alcances que definirán dicho traslado o no y, lo más importante, el monto de este aporte parcial posible”, agrega.
Adicionalmente, el criterio señala que ante este panorama, se convierte así el expediente 22.214 que crea el Fondo de Avales en un instrumento financiero a ser utilizado por el Gobierno conforme a sus necesidades.
“Lo cual evidencia a los señores Diputados y señoras Diputadas que no puede ser definido, con claridad, el monto real y definitivo que sería o no (pues es posible este caso) trasladado finalmente al fondo de avales que se pretende crear mediante el expediente 22.144 en estudio”.
Otros fines
Por otra parte, el informe señala que el Gobierno podrá utilizar los recursos planeados para crear un Fondo de Avales, en otros fines según sus necesidades de financiamiento.
Esto porque, si el proyecto no se aprueba o se identifican otras fuentes de financiamiento, “los recursos del BCIE se destinarán a solventar otras necesidades dentro del programa de gastos autorizados en el Presupuesto Nacional”.
Se consultó a la diputada Silvia Hernández como presidenta de la Comisión de Hacendarios donde se tramita el expediente.
Tanto ella como la socialcristiana María Inés Solís, el independiente Harllan Hoepelman y el liberacionista Gustavo Viales, no respondieron.
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