El debate sobre cuánto está protegido un dato financiero aún está abierto y poner límites para que algunas instituciones puedan acceder a ellos implica modificar no solo una sino varias normas y hasta esperar que la Sala IV resuelva una acción de inconstitucionalidad, tarea que puede tardar años.
Así sintetiza la Procuraduría General de la República (PGR) su diagnóstico sobre el proyecto del ley 23.980, en un pronunciamiento publicado el 23 de abril pasado.
En él se hace referencia a una iniciativa presentada por la Unidad Social Cristiana (PUSC) el año anterior; cuando estalló el escándalo por las solicitudes de datos que hacía el Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Inicialmente la Procuraduría se había puesto del lado del Banco. Ahora retoma sus alegatos a favor del acceso a la información. Según alega, en caso que quisiera llegar a regularse el tema, sería necesario enmendar el borrador de los diputados.
Agregan que incluso está de por medio el marco que impone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y que habría que esperar un pronunciamiento de la Sala Constitucional en la materia.
Visión de la Procuraduría
El tema de los datos con el Banco Central trascendió a medidados del 2023.
En ese momento la jefa de Sugef, Rocío Aguilar, consultó a la PGR cómo proceder ante una solicitud que llegaba del Banco. La institución alegaba que se necesitaba información no anonimizada para construir un indicador ambiental asociado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque la Superintendencia insitía en la privacidad de esos datos, la Procuraduría terminó por reconocer la información crediticia como un elemento no sensible.
Al analizar el proyecto de ley, reitera su lectura de que si bien hay que garantizar la protección de la información, sí podrían pedirse ese material.
“Se precisó que el acceso reconocido al Banco Central es sobre los datos individuales albergados en esa información; advirtiendo que esos datos son confidenciales, por lo que al recibir el Banco Central la información tributaria requerida, debe actuar con estricta sujeción a los principios de confidencialidad tributaria y confidencialidad estadística, y le está prohibido divulgar la información recibida a terceros”, recordaron sobre su pronunciamiento.
Insistían en que incluso habían sanciones contra las personas que no dieran los datos requeridos por el Sistema de Estadística Nacional.
Ahora, reitera su espaldarazo al Banco Central y achaca a compromisos internacionales la necesidad del acceso a datos.
Parámetros de la OCDE
Una de las justificaciones recurrentes de la Procuraduría tiene que ver con los parámetros que impone la OCDE.
Sostienen que la actual regulación estadística se basa en una las leyes aprobadas para ingresar al organismo internacional.
“El expediente legislativo N.° 20.404 que documentó el trámite de aprobación de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, esta se originó como una iniciativa del Poder Ejecutivo y fue tramitada en la Asamblea Legislativa por la Comisión Especial encargada de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos para la adhesión de Costa Rica a la OCDE. La motivación del entonces proyecto de ley fue ajustar nuestra normativa interna a las recomendaciones del Comité de Gobernanza de la OCDE y, específicamente, a las contenidas en el Informe sobre Buenas Prácticas en Estadística”, plantean.
Ahí suman varias recomendaciones del ente sobre la protección y acceso a datos, que validan como justa para permitir la intervención del Banco.
Arreglar más normas de datos
La Procuraduría concluye que “no es clara ni suficiente” la propuesta legislativa.
Apuntan a que sería necesario cambiar los alcances que actualmente permite la Ley Orgánica del Banco Central; así como la del Sistema de Estadística Nacional.
Agregan que incluso la Ley de Protección de Datos requeriría enmiendas en su terminología.
“Los datos crediticios tienen una categoría de manejo aparte en la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales; por lo que dicha ley también debe ser modificada si la intención es equiparar a los datos crediticios con la categoría de los datos sensibles, en la terminología empleada por dicha ley”, señalan.
“A partir de lo expuesto, estimamos que la aprobación o no del presente proyecto de ley se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se recomienda valorar si la presente iniciativa cumple con los estándares de buenas prácticas establecido por la OCDE en materia estadística”, recomienda entonces la Procuraduría.
“Asimismo, debe aclararse cuál será el impacto de la presente iniciativa en las normas vigentes que facultan al Banco Central de Costa Rica a acceder a datos privados para efectos estadísticos y en la clasificación de los datos hecha en la actual Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, añaden.
Finalmente recomiendan esperar los votos que haga la Sala Constitucional; sobre los reclamos que llegaron a interponerse cuando estalló el diferendo de los datos en 2023.
¿Cómo cambiaría la protección de datos con eventual ley?
La propuesta de ley aún está dando sus pasos iniciales en el Congreso. De concretarse introduciría controles como:
- Se adiciona un nuevo artículo 40 bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Según este cuando se haga una solicitud de información, la SUGEF únicamente pueda facilitarla en forma anonimizada; sin excepción, salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos.
- Se prohibiría al Banco Central, así como a sus jerarcas y funcionarios, solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional, de forma tal que sea posible asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta.
“Presentamos un proyecto de ley para proteger los datos sensibles de los costarricenses. Y evitar que la información sin consentimiento la utilicen terceros para fines propios”, señaló el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco al presentar el proyecto de ley en octubre anterior.
“En Costa Rica existen muchos portillos que deben cerrarse para proteger la información privada”, añadió entonces el diputado.
