Paula Ruiz
Un proyecto de ley que promete reactivación económica lleva al menos tres semanas estancado en Plenario, debido a 16 mociones que deberán revisarse una por una en este órgano.
Se trata de la iniciativa 22.156 “Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados” impulsado por las diputadas Silvia Hernández (PLN), María Inés Solís (PUSC) y Mileyde Alvarado (PRN).
“Es un mecanismo que promoverá la atracción de inversión al país, impulsando la dinamización de la economía”, manifestó Hernández.
Mientras, Solís señaló que esta iniciativa va a generar movimientos de economía en diferentes comunidades del país debido a que pretende otorgar beneficios fiscales a quienes inviertan al menos $150.000.
Pese a esto, hay mociones de la oficialista Paola Vega y el frenteamplista José María Villalta.
¿Culpable?
Solís -de la bancada socialcristiana- señaló a Vega como la responsable de entrabar la iniciativa.
“He intentado hablar con ella todos los días de mi vida, pidiéndole un espacio y ella insiste que no porque no tiene mucho de qué hablar cuando no ha tenido decencia de aceptar una (para negociar sobre las mociones)”, puntualizó la rojiazul.
Las otras dos legisladoras tienen un discurso más conciliador aunque sí reconocen que las mociones han llevado a un atraso en la votación.
“Hemos hablado con los diputados que han presentado mociones de reiteración, hemos aprobado algunas que construyen al proyecto, esperamos que en estos días terminar de votar mociones y darle avance en su primera votación”, manifestó Alvarado.
“Esperamos poder seguir avanzando conforme lo permita la agenda en estas sesiones”, rescató Hernández.
Resguardar reputación país
La oficialista defendió que sus enmiendas buscan resguardar la reputación del país y para evitar portillos a grupos delictivos.
Vega se escuda en señalamientos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda quienes advierten de posibles abusos por parte de las personas exoneradas.
“Lo más grave son señalamientos de ambos entes sobre cómo este proyecto roza con convenios en materia de transparencia y normas tributarias y normativa de OCDE y señalan que así como está abre portillos para legitimación de capitales y grupos delictivos como narcotráfico y terrorismo”, declaró la oficialista.
“Dicen (las entidades) que como está (el documento) puede dañar reputación del país y seguir los pasos de Panamá en paraíso fiscal”, agregó Vega.
El proyecto no cuenta con estudios para determinar el impacto en materia fiscal, según la diputada.
La iniciativa continúa en la agenda legislativa aunque sin fecha clara para su aprobación.
La diputada Vega defiende que busca cerrar portillos para grupos como narcotráfico y terrorismo.
