Tomás Gómez
Conforme avanzan la campaña electoral las encuestas van captando más atención pero su divulgación no está por la libre.
La legislación electoral prohíbe la difusión o publicación por cualquier medio, sea parcial o total, de sondeos de opinión y encuestas relativas a procesos electorales que provengan de entidades que no estén inscritas en ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Para quienes incumplan la medida, la multa va desde los 2 hasta los 50 salarios base, es decir, de ¢924.500 hasta los ¢23,1 millones.
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Otro dato importante es que desde días antes de las votaciones la publicación de encuestas está prohibida.
Para el 2022 el llamado a las urnas será el 6 de febrero pero el día 2 será el último chance para hacer publicaciones.
Las encuestas autorizadas por el TSE
El Registro Electoral y de Financiamiento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya publicó recientemente lista oficial de encuestadoras autorizadas para las votaciones del 2022.
En total fue una decena de firmas las autorizadas, entre empresas privadas y académicas.
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Según la normativa, al publicar cada estudio se debe enviar al TSE la ficha técnica completa.
Además, todos los documentos de respaldo deberán guardarse como mínimo hasta que pasen las elecciones. En caso de incumplimientos, el TSE podría incluso retirar las licencias.
Como encuestadoras autorizadas al presente proceso figuran:
