Paula Ruiz
En la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se defendieron este jueves de los señalamientos por parte del Ministerio de Justicia, por las diferencias surgidas en el tema del monitoreo de reos con brazalete electrónico.
Su jerarca Allan Benavides defendió que que hay 596 reos sin monitorear, de los cuales, 430 no tienen carga y 166 están sin comunicación debido a la falta de cobertura por redes móviles, pese a los señalamientos contrarios de Justicia.
Por otra parte, William Villalobos, asesor legal de ESPH afirmó que hay personas con entre 5 y 12 meses con cero por ciento de carga de las tobilleras, por lo cual, no hay posibilidad de monitoreo.
“Con 180 días (sin carga) hay 41 casos, 570 solo con cero batería,hay 433 casos, más 136 casos donde la alerta genera un 1% de batería, hay un 37% respecto de los 1.559 personas que, con corte al día de ayer estaban siendo monitoreadas”, respondió Villalobos.
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Los representantes de la compañía expusieron sus puntos de vista durante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, luego de la audiencia de Marcia González, ministra de Justicia, por el tema de brazaletes electrónicos.
La ESPH es la compañía encargada de brindar el servicio de monitoreo de los dispositivos, encargada del data center y almacenamiento, no así de las personas bajo este régimen.
Según Benavides, esas 596 personas sin monitorear, le cuestan a Justicia $304 mil, por lo tanto, considera que, al tratarse de fondos públicos, podría conllevar a una indebida administración de los recursos económicos.
Contrato de por medio
Pablo Heriberto Abarca, diputado socialcristiano, aplaudió que Justicia haya optado por abrir un concurso incluso internacional para la prestación de este servicio.
Para Abarca, la ESPH no tiene experiencia en uso de este tipo de tecnologías y solo es parte de un abuso de la Ley de Contratación Administrativa, ya que la entidad debería de enfocarse en los servicios públicos para la comunidad herediana, en vez, de estar pensando en el monitoreo de las tobilleras.
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“El Ministerio de Justicia cometió un error, utilizando la figura de la excepción del artículo 2 (de la Ley de Contratación Administrativa)”, criticó el diputado.
De inmediato, Villalobos defendió que la Ley faculta a la empresa a brindar servicios de tecnología y que además, hay compañías extranjeras que ofertaron para brindar el servicio por $30, mientras que el contrato vigente es por $17.
El contrato entre Justicia y ESPH vence en febrero de 2021, por lo que, a partir del 18 de octubre, se abrirá el concurso.
Colaboró el periodista Marco Marín.
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