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PUSC buscará eliminar asesorías para el Gobierno y rebajar 30% en alquileres del Estado

Sin asesorías ni consultorías durante el 2021 para el Gobierno. Ese es uno de los objetivos de la fracción socialcristiana…

Por Paula Ruiz

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PUSC buscará eliminar asesorías para el Gobierno y rebajar 30% en alquileres del Estado
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Sin asesorías ni consultorías durante el 2021 para el Gobierno. Ese es uno de los objetivos de la fracción socialcristiana en el trámite del presupuesto ordinario para el próximo año.

Se trata de una moción que pretende cerrarle las puertas a este tipo de gasto. Esto con el fin de reducir partidas en virtud de la disminución en los ingresos percibidos a través del Ministerio de Hacienda producto de la pandemia.

La moción liderada por Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís y Rodolfo Peña dice lo siguiente:

Durante el año 2021, se prohíbe a todos los órganos que conforman el Presupuesto Nacional, suscribir nuevos contratos de asesorías o consultorías de cualquier tipo que éstos sean, o renovar los que se vencen durante el año. Esta prohibición incluye la suscripción de todo tipo de adendas a contratos vigentes, cuando éstas impliquen un incremento en el monto del contrato.

Lo anterior se tramitará en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, donde se analiza el presupuesto para el ejercicio económico 2021.

“Es importante también que se utilice el personal de las diferentes instituciones para
sacar adelante las consultorías y ahorrarnos ese dinero como Estado. En este
momento urge un recorte verdadero del gasto”, manifestó Abarca.

Alquileres en la lupa

Otra partida en la mira de los socialcristianos tiene que ver con los alquileres de edificios por parte del Estado.

La bancada pretende obligar a todas las instituciones que cobija el Presupuesto Nacional a negociar a la baja el monto por pagar.

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De entrada, esa reducción debe ser de un mínimo del 30% en comparación con el pago que ya se efectúa mensual o anualmente.

Aquí puede observar la moción completa:

Propuesta del PUSC sobre alquileres

El dinero que se ahorraría con este plan solo podría ser utilizado para reemplazar la fuente de financiamiento de partidas presupuestarias vigentes y financiadas con endeudamiento público.

Para lo anterior, se tendría que tramitar vía presupuesto extraordinario de la República.

Solís resaltó que presentaron casi 20 mociones para recortar el gasto público en ¢150.000 millones.

De ese monto, asegura que ¢94.000 millones se financian a través de ingresos corrientes y ¢56.000 millones con deuda.

Previo a la propuesta rojiazul, estuvo la de los liberacionistas quienes exigen al Gobierno un recorte de ¢358.000 millones en el presupuesto del próximo año.

El presupuesto debe ser aprobado por el Congreso a más tardar el 29 de noviembre en segundo debate.

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