Hermes Solano
Paula Ruiz
La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley a la corriente legislativa que le permitirá al Organismo de Investigación Judicial crear un banco de material genético de exconvictos condenados por delitos sexuales.
El objetivo es tener una base de datos de las personas privadas de libertad por ese tipo de delitos y además, obtener el material genético de aquellos condenados a más de cuatro años de prisión.
“Estamos presentando una propuesta con el propósito de facilitar investigaciones posteriores, futuras o paralelas, y que permitan mejorar la seguridad pública, la eficiencia judicial, la prevención del delito y la protección de los derechos de las víctimas”, explicó María Marta Carballo, jefa de fracción socialcristiana.
Con la propuesta de ley se busca fortalecer la investigación y resolución de casos por delitos sexuales, ya que se tendrían pruebas, a través de ese material genético, que serían fundamentales.
“Existen muchos casos donde se tienen sospechosos que no pueden ser detenidos por falta de pruebas de material genético y con esta propuesta le estamos dando al país una herramienta muy valiosa para estos casos”, añadió la diputada.
Desde el OIJ tienen clara la necesidad de contar con este banco de ADN. El director de la policía judicial, Rándall Zúñiga, considera que esto es un gran paso.
“Hemos conversado la necesidad que el registro de ofensores le permita al OIJ hacer monitoreo de posibles depredadores sexuales que hay en una zona ya que la persona cuando sale de prisión, OIJ no hace seguimiento porque sería contrario a la ley. Este tipo de acciones a favor de las mujeres es importante”, puntualizó.
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Fracción del PUSC. (Foto Archivo/El Observador)
Hasta 10 años
La iniciativa socialcristiana pretende adicionar dos incisos al artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ahí le da la atribución de contar con el banco de material genético para sus investigaciones, manteniendo la confidencialidad de la información recopilada.
“El Organismo está en el deber de salvaguardar, proteger y limitar el acceso a toda la información a la que se hace referencia, manteniéndola bajo el más alto nivel de confidencialidad, para uso exclusivo de los Investigadores, Jueces, Fiscales y Defensores, dentro del proceso judicial respectivo”, dice el proyecto.
Esa información recolectada permanecerá en los registros del OIJ durante 10 años, posterior a la sentencia condenatoria del imputado. Luego de ese plazo se debe eliminar todo dato y material genético.
Rándall Zúñiga explicó cómo se obtendrían las muestras para colocarlos en el banco de material genético.
“Este tipo de obtención de muestras no es invasiva, se pone un isopo que se pone en el paladar de la boca para extraer las células epiteliales para hacer la comparación y hacer un banco de ADN para que situaciones como esta puedan ser resueltas con mayor eficacia y efectividad”, detalló.
El proyecto se tramitará bajo el número de expediente 24.327.
