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¿Qué dice la ‘Ley de Modernización de Japdeva’ y por qué va cuesta arriba en el Congreso?

Los diputados disfrutan de un receso de medio año y entre los pendientes que acumulan destaca el salvavidas con que…

Por Tomás Gómez

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¿Qué dice la ‘Ley de Modernización de Japdeva’ y por qué va cuesta arriba en el Congreso?
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Los diputados disfrutan de un receso de medio año y entre los pendientes que acumulan destaca el salvavidas con que el Gobierno pretende rescatar a Japdeva, antes de que la entidad sea devorada por su propia planilla.

La pausa legislativa llega en un momento crítico para la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), donde cada día cuenta, según el decir de la presidenta ejecutiva de la institución, Andrea Centeno.

La funcionaria, nombrada el 26 de marzo en medio de la crisis, asegura que al principio de cada quincena, no se sabe si podrán pagar los salarios de los empleados, y acepta que la quiebra podría llegar “en cuestión de semanas”.

De ahí que el Poder Ejecutivo apostara el futuro de la entidad en la denominada “Ley de Modernización de Japdeva y protección de sus personas servidoras”, que se discute en la Comisión de Gobierno y Administración.

Para la implementación de este proyecto, el Poder Ejecutivo envió también una modificación presupuestaria, que se lleva en otro expediente, y que ven los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En ambas comisiones se ha convocado a una maratón de comparecencias en la que ministerios, instituciones autónomas y órganos asesores como la Contraloría General de la República (CGR) o la Procuraduría han llegado con criterios disímiles sobre la receta a seguir para mantener a flote  Japdeva.

A pesar de la buena voluntad, las opciones son tan escasas, que el vicepresidente Marvin Rodríguez, delegado del Poder Ejecutivo para la región caribeña, no fue capaz de determinar cuál sería el “plan B” para Limón si este proyecto fracasa.

13 artículos en detalle

La iniciativa de Casa Presidencial está plasmada en un texto de 13 artículos donde se pretende recuperar la “sostenibilidad” de la organización, y así se presenta desde el primer párrafo:

A ese artículo le sigue uno donde se plantean los estudios técnicos que establecerán los cambios más importantes a emprender, y después vienen el resto, donde se desarrolla el menú de opciones para el 80% de la planilla que se ha quedado sin funciones tras la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de la concesionaria holandesa APM Terminals.

En resumen, las acciones serían las siguientes:

Ese enfoque en el recorte de personal, la procedencia de los recursos y la forma de ejecutarla, ha comenzado a levantar roncha entre los legisladores, que discuten sobre quiénes recaerá la responsabilidad de tomar la decisión final.

El ring de las comisiones

Antes de que el Plenario realice las votaciones definitivas, el proyecto de ley debe pasar por la fase de comisiones. Allí, los diputados analizan y ajustan el texto para intentar enmendar errores y satisfacer las demandas de las fracciones que asegurarán los votos para su aprobación.

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El panorama más sombrío para el plan de rescate está en la Comisión de Gobierno.

Como lo adelantó El Observador esta semana, las puertas al proyecto están cerradas por el momento.

Así se lo hicieron saber los diputados al vicepresidente Rodríguez cuando lo recibieron en audiencia.

Rodríguez se llevó ese día un saco de preguntas en el que se le cuestionó ¿qué más hará además de reducir el personal?, o bien, ¿por qué en el plan de ley los casos de movilidad laboral la prohibición para volver a trabajar en el Estado es tan corta?, o ¿qué otras instituciones públicas podrán contratar trabajadores especializados en puertos?

https://www.youtube.com/watch?v=OJQMagAQ7gE&feature=youtu.be

El diputado oficialista Víctor Morales, presidente de la comisión, lleva sobre sus hombros la responsabilidad de sostener la iniciativa del Gobierno.

Aunque admite la necesidad de cambios, está seguro de que estos podrán tramitarse a tiempo y habrá un borrador definitivo para el 9 de agosto, cuando debe presentarse el dictamen.

“No es un texto perfecto, es un documento a trabajar, a perfeccionar y a mejorar”, declaró.

La premura de un acuerdo es tanta, que incluso se pospuso el debate sobre empleo público -otra de las urgencias del Gobierno-, para priorizar las discusiones sobre Japdeva.

Pero el ambiente no es el mejor. En la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y los representantes independientes, se plantea que el proyecto será un fracaso si no se modifica.

Ese grupo opositor -que suma al menos 6 de los 9 integrantes de la Comisión- se anotó una victoria esta semana cuando el Procurador General, Julio Jurado, sentenció que la ley en discusión no es necesaria y que el trámite legislativo es “una decisión típicamente política”.

El Procurador Julio Jurado durante su comparecencia en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración.

En busca de los ¢23,000 millones

A tres oficinas de distancia de la Comisión de Gobierno, la de Hacendarios sortea sus propios obstáculos y sorpresas.

Fue aquí donde la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló que la institución “técnicamente ya quebró”, palabras que fueron desmentidas luego por la Contralora Marta Acosta.

Aunque una mayoría de los diputados de este grupo se habían posicionado a favor de la inyección presupuestaria de casi ¢23,000 millones para Japdeva, la decisión se deberá tomar a ciegas.

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Por un tema de reglamento, el plazo para que este foro tome la decisión final vence el 16 de julio, es decir, antes de que la otra comisión emita su veredicto.

En síntesis, se podría tener un presupuesto para un proyecto que los otros diputados rechacen o terminen modificando.

“Si eventualmente no se genera un resultado esperado en la Comisión de Gobierno y Administración, se variarían los montos preestablecidos y necesariamente tendría que volver a Hacendarios para el trámite respectivo”, adelantó la liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta del foro.

¿Llegará la decisión a tiempo?

Entre las proyecciones poco alentadoras y los cálculos políticos, en Limón, Japdeva sigue funcionando a la espera de las decisiones que deben salir de Cuesta de Moras.

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Con los ingresos en caída, la institución sigue haciendo malabares para sostener los salarios de 1.186 trabajadores que ante la entrada de APM tienen pocas funciones, y ante las amenazas, la presidenta ejecutiva habla ya de tomar nuevas medidas, como hipotecar activos para ganar liquidez.

El edificio institucional localizado en Barrio Amón sería el primero en ser valorado con este fin.

Mientras tanto, los días vitales para llegar a acuerdos siguen corriendo. La decisión que tanto se demanda podría llegar cuando Japdeva ya haya quebrado.

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