Tomás Gómez
Aunque las acusaciones en contra del exsacerdote Mauricio Víquez por supuestos delitos sexuales datan desde el 2003, su extradición desde México permitirá avanzar el proceso legal en su contra.
Su día empezó a las 7:30 am cuando las autoridades mexicanas lo entregaron a la Interpol para su envío a Costa Rica.
El viaje se hizo en un vuelo de Aeroméxico, que aterrizó pasado el mediodía en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
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Completado el trámite migratorio, está previsto que Víquez sea enviado a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ahí será reseñado, es decir, se le tomarán los datos previos e información de identificación. Luego se pasará a la Fiscalía para tomar la declaración indagatoria. Allí se determinará las medidas cautelares que se pedirán en su contra.
Pese a la multiplicidad de señalamientos en su contra, son 4 las denuncias que se tramitan contra Víquez a nivel legal.
“Al imputado se le investiga como sospechoso de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de cuatro víctimas, quienes, aparentemente, para el momento de los hechos eran menores de edad”, señaló el Ministerio Público.
Todos los casos se llevan acumulados en el expediente 18-000854-0994-PE, a cargo de la Fiscalía de Género.
Un sacerdote que lleva décadas bajo la lupa
Las primeras quejas contra Víquez datan del 2003, pero el proceso ante la Iglesia católica no escaló a denuncias.
Los “hechos irregulares” alegados entonces se convirtieron en denuncias hasta 15 años, inicialmente en la instancia eclesiástica.
Ese fue el detonante para una ola de alegatos contra el sacerdote, a quien la Iglesia tenía destacado como vocero para temas de familia.
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Sólo una de las denuncias canónicas llegó a la vía judicial. Se trata de una aparente violación, por la que Víquez se dio a la fuga hasta ocho meses; al procurar el vencimiento de una pesquisa abierta el 2 de octubre de 2019.
Cuando Facebook delató al sacerdote
En julio del 2018 la Iglesia determinó la separación del sacerdote Víquez. La expulsión definitiva llegó en el 2019 por recomendación de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El proceso se fue haciendo en ausencia de Víquez, que quedó con paradero desaparecido. Esa ausencia también le costó su puesto de profesor de bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, luego de no presentarse dar clases por más de tres meses.
Un seguimiento policial posterior determinó que Víquez salió del país, vía Panamá, el 7 de enero del 2019. En ese momento, el Tribunal Canónico le notificó del proceso de investigación judicial, llevado en el expediente 854-0994-PE de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género.
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Para entonces, quedaban menos de 9 meses para que prescribiera la única actuación delictiva por la que podía ser condenado. En razón de lo anterior, el Juzgado Penal de Desamparados (a cargo del caso) emitió una orden de captura internacional el 19 de febrero de 2019.
No obstante, no sería hasta el 11 de abril de 2019 que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) obtendría información clave para conocer el paradero del exsacerdote. Para esa oportunidad, un reporte confidencial dio cuenta de redes sociales utilizadas por Víquez.
En ellas, el sacerdote publicó información como su segundo nombre, edad, atestados académicos y un comentario sobre la muerte de un familiar. Todo ello fue clave para descifrar su identidad.
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Toda la investigación llevó hacia un sitio que el mismo denominaba “La Guarida”. Se trataba de un recinto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Monterrey, estado de Nueva León, al norte de México.
En ese sitio fue caputarado la madrugada del 18 de agosto del 2019 en un por agentes de la Policía Federal de México.
Víquez quedó detenido a partir de entonces pero con ello quedó suspendida la prescripción de los delitos, lo que permitiría continuar con el proceso judicial una vez que retorne a Costa Rica.
Últimos cartuchos fracasaron
La defensa de Víquez intentó hasta el final promover que las causas contra el exsacerdote habían prescrito.
También reclamaron que la detención no respetó el debido proceso, pero el juez penal de la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó los argumentos a mediados de marzo.
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Con ello, los trámites para devolver a Víquez a Costa Rica superaron una de las trabas principales.
La Cancillería Mexicana había dado su aval para la extradición desde marzo del 2020 y ahora por fin se materializa.
