Hermes Solano
Si la sentencia dada el jueves por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José queda en firme, el Partido Acción Ciudadana deberá cancelar al Estado más de ¢900 millones por estafa en la campaña electoral de 2010.
De ese monto alrededor de ¢630 millones ya entraron en un arreglo de pago entre el partido y la Procuraduría General de la República para los próximos dos años y seis meses.
Así lo dieron a conocer la semana anterior las autoridades de ambas organizaciones, pero ¿qué pasa si no cumplen con las fechas establecidas?
Para la Procuraduría, el arreglo representa obtener en un corto plazo los montos de la condena por estafa y en caso de que se incumpla por parte del PAC, se iniciaría un proceso de ejecución de sentencia.
Esto quiere decir que el Estado cobraría al partido a través de embargos, que eso sí, podrían tardarse mucho más tiempo.
“Nos hemos asegurado de que un plazo corto se vayan a pagar las sumas. En caso de que no se honren los pagos establecidos, la Procuraduría presenta de inmediato el proceso de ejecución de sentencia”, dijo Rándall Aguirre, procurador penal.
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Proceso complicado
El 16 de agosto, el PAC se comprometió a depositar ¢200 millones que representan una parte del monto principal de ¢353 millones de la condena de 2016.
Debe hacer un depósito a caja única del Estado.
“En el acuerdo se dejó establecido un período para que hagan llegar a la Procuraduría el recibo del depósito. El período es de 3 días y se habilita el plazo siguiente que es de un año”, dijo Aguirre.
En caso de no recibir ese depósito, se aplicaría el proceso de ejecución de sentencia.
Eso sí, los partidos políticos en su mayoría no cuentan con bienes muebles e inmuebles, por lo que un posible embargo tendría complicaciones para cobrar.
“Tenemos una génesis distinta porque los partidos políticos no están obligados a inscribir bienes. Los bancos fundamentan los créditos con Bonos A”, dijo el procurador.
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Después del primer pago pasará un año: el 16 de agosto de 2022 pagará ¢100 millones más y para el 16 de febrero cancelará ¢52,7 millones para completar el monto principal.
Luego de eso hará dos pagos más; el primero en agosto de 2023 por más de ¢137 millones y en febrero de 2024 por más de ¢93 millones. Estos montos son de intereses, por lo que subirán de acuerdo con el tiempo en el que se cancele el principal.
En febrero de 2024 también cancelará poco más de ¢44 millones correspondientes a las costas procesales.
El PAC lanzó tres bonos de ¢1.200.000, ¢180.000 y ¢60.000, para que sus militantes donen y ayuden a pagar la estafa.
“Estamos realizando el mayor esfuerzo para hacerle frente a este compromiso, y si es posible, para cancelar anticipadamente estos desembolsos”, afirmó el secretario general del partido Anthony Cascante.
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Sentencia y apelación
Este jueves, el PAC fue condenado por 82 contratos simulados de la misma campaña de 2010.
El Tribunal le dio una pena civil de ¢160 millones más ¢20 millones de costas procesales. A eso hay que sumarle los intereses que correrás desde la comisión del delito en diciembre de 2010.
Esta resolución será apelada por la agrupación política según lo dio a conocer su abogado Erick Gatgens.
Ese proceso podría tardar hasta un año o más, porque además de ir al Tribunal de Apelaciones podría ir a Casación.
