Tomás Gómez
El Caso Cochinilla culminó este miércoles su maratónica audiencia de nueve días. Pero aún acumula grandes claroscuros que están por definirse.
La fijación de las medidas cautelares será apenas el primer paso para el proceso judicial que puede tardar años, y aún ese eslabón inicial no está exento de polémicas.
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Estos son los temas pendientes para los próximos días:
1. Las medidas cautelares oficiales
Aunque la audiencia acabó este miércoles por la mañana, a los imputados les quedan 72 horas para conocer su destino.
Será hasta el sábado a la 1:30 p.m. cuando la jueza Carolina Lizano comience a exponer sus decisiones.
En la cita se ventilarán los casos tanto de quienes podrían tener prisión preventiva como de quienes no.
2. Las apelaciones
La resolución del Juzgado Penal de Hacienda se dará de manera oral. Esto busca más agilidad. Al ser un proceso con 28 participantes, sin embargo, la logística puede entrabarse.
En primer término, la situación de cada imputado deberá ser justificada ampliamente y de manera individual.
Además, al anunciar las medidas para cada uno, tanto la Fiscalía como sus defensores tendrán derecho a apelar.
Las posibles apelaciones deberán verse en un proceso aparte, pero deberán anunciarse y esbozarse sus motivos durante la propia sesión del sábado.
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3. ¿Cuándo quedarían libres?
La extensión de la audiencia -los detenidos llevan casi dos semanas detenidos- ha generado molestia entre los imputados y sus abogados.
En primer término se pidió la liberación al menos de quienes no tienen solicitudes de prisión preventiva, pero el trámite no prosperó.
El sábado pasado comenzó una lluvia de recursos de hábeas corpus ante la Sala Constitucional. Estos tienen la misión de reclamar por la privación de libertad y las condiciones de encarcelamiento.
Aunque se concibe como un recurso más expedito, el hábeas corpus no está exento de la burocracia.
¿Por que? Porque tras ser admitidos, los tribunales denunciados tienen tres días para justificar las detenciones. Y luego hay hasta cinco días para resolverlos, por lo que las sentencias podrían tardarse hasta la otra semana.
Así, en caso de que la Sala IV no resuelva en las próximas 48 horas, los imputados a quienes no se les imponga prisión preventiva quedarán libres al finalizar la audiciencia del sábado.
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Resolución que extendió de manera indefinida las detenciones en el Caso Cochinilla (Cortesía)
4. ¿Se sostendrá la prisión preventiva instrumental?
En un proceso ordinario, la detención inicial puede extenderse por 48 horas. Dado que el Caso Cochinilla se tramitó como crimen organizado, ese lapso aumentó a 96 horas.
Los períodos vencieron el sábado por la mañana y pese a ello los imputados siguieron tras las rejas. Para permitir esa detención la jueza dictó una “prisión prevenitiva instrumental”.
Se trata de una figura introducida por la jurisprudencia, pero que a criterio de los abogados no respetó las garantías mínimas.
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Abogados como Erick Gatgens, quien representa a las hermanas Solís, alertó desde días atrás que la resolución no respetó aspectos mínimos como indicar el plazo en que las personas seguirían detenidas.
Este miércoles, el jurista adelantó que presentó un recurso de apelación que verá el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial, pero que aún no hay certeza de su avance.
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5. Fiscalía no apelo primeras liberaciones
Dentro del Caso Cochinilla, dos de los implicados tuvieron una audiencia aparte por temas de agenda de sus abogados.
Se trata de un funcionario público de apellido Ureña. Y otro hombre de apellido Abarca del sector privado.
Ambos habían sido liberados el fin de semana y sin las medidas procuradas por la Fiscalía. Ureña no recibió restricciones y Abarca enfrenta regulaciones especiales, pero no la prisión preventiva que se le solicitó.
Glen Calvo, fiscal a cargo de Cochinilla, adelantó este miércoles que el caso ya está apelado a la espera de revisión por parte de jueces.
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Parte de los abogados del Caso Cochinilla durante los días de audiencias. Los juristas han sido insistentes en sus críticas a las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y la estrategia de acusación (Tomás Gómez/El Observador)
