Juan Pablo Arias
El 8 de marzo pasado la empresa Aldesa Corporación de Inversiones anunció a un grupo de unos 500 inversionistas, de varios proyectos privados, que les suspendería los pagos y que presentaría ante el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José una solicitud de administración y reorganización con Intervención Judicial.
A todos ellos se les adeuda unos $200 millones (¢134 mil millones). En la carta que hizo llegar a sus clientes también se anunció el cierre del puesto de bolsa y el despido de aproximadamente 50 empleados de la empresa.
La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes aportaron sus recursos a proyectos que creían “de bajo riesgo”. Entre ellos, se cuentan dos grupos que externan especial vulnerabilidad: adultos mayores y asociaciones solidaristas que administran el dinero de trabajadores.
La misiva del 8 de marzo explicó a los inversionistas que el proceso de administración judicial conlleva una medida de suspensión de pagos, la cual se podría extender por tres años y el reconocimiento de menores tasas de interés, mientras intentan monetizar los proyectos inmobiliarios para cancelar los pasivos con acreedores, como ellos.
Inversión no era conservadora
Una de las afectadas es Raquel Amón, una inversionista adulta mayor que -según el relato de su hija, Flora Fernández- siempre tuvo un perfil conservador de inversionista y el dinero que manejaba en Aldesa era el ahorro “de toda una vida”.
Según Fernández, su madre, al igual que otros adultos mayores, utilizaban los servicios de Aldesa para inversiones muy seguras y con supervisión financiera, como títulos de propiedad de Gobierno o las emisiones de titularización de los proyectos hidroeléctricos del ICE.
Periódicamente recibían los intereses de estas inversiones, lo que les permitía solventar gastos de su vida cotidiana y al vencimiento de estos bonos, volvían a invertir los recursos.
Lo que no entiende Fernández es cómo y bajo qué tipo de asesoría su madre incursionó en productos para inversionistas sofisticados, fuera de la regulación.
“Ella me contó que le hablaban de inversiones en proyectos de vivienda para clase media y proyectos de energía limpia. A uno le parece muy bien que existan inversiones para esos temas, pero mi mamá no era una inversionista sofisticada, ella tenía bonos de Gobierno”, explicó.
En su opinión, de alguna manera se pasó a un grupo de clientes a inversiones que con su perfil y su avanzada edad no comprendían.
“Los señores confiaban y no sabían que no eran bonos, sino proyectos inmobiliarios o de otro tipo”, agregó, al tiempo que explicó que en el proceso de reclamo se le han acercado familiares de otros 10 adultos mayores a contar la misma historia.
Fernández aseguró que ya interpuso una denuncia ante el Consejo Nacional de la persona adulta mayor (Conapam) y sabe que hay denuncias ante los tribunales.
Dinero de trabajadores
Otro grupo de importancia son las asociaciones solidaristas, que administran los recursos de la cesantía de trabajadores de la empresa pública y privada.
Según el diario digital CRHoy.com, en la documentación entregada por Aldesa al Primer Circuito Judicial de San José, la empresa reconoce que adeuda cerca de $10 millones a 30 de estas asociaciones.
El giro de estas agrupaciones les exige tener control sobre los recursos y los flujos de dinero que provienen de las inversiones, por lo que una cesación de pagos las obliga a tomar previsiones adicionales para poder cumplir a los empleados.
Los recursos que administran las asociaciones solidaristas provienen de un porcentaje del salario de los trabajadores, que se ahorra, más un aporte de la empresa a manera de adelanto de la cesantía.
Aldesa Corporación de Inversiones no está bajo la supervisión de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), pero es la firma tenedora de acciones de Grupo Bursátil Aldesa, que sí tiene supervisión financiera.
La solicitud de administración y reorganización con Intervención Judicial pesaría sobre la parte no regulada. Sugeval no ha considerado necesario intervenir la parte que sí tiene regulación.
En declaraciones a la prensa, Javier Chaves, presidente de la empresa, ha dicho que a partir de la presentación de la solicitud al Juzgado del proceso de administración, todos los inversionistas tienen el mismo tratamiento y no se están realizando reuniones individuales.
Proceso en ascuas
A los encargados de Aldesa y los clientes afectados, el posible proceso de intervención judicial también les genera incertidumbre.
El 1º de abril anterior se dio a conocer que el juzgado no le dio curso al proceso solicitado por Aldesa, debido a dos requisitos de forma que debían ser subsanados. Se trató de la presentación de estados financieros de empresas inactivas (que no contaban con movimientos contables en 4 años) y la presentación de los acuses de recibo de las notificaciones a los acreedores.
Posteriormente, Aldesa apeló y el 7 de mayo el mismo juzgado rechazó el recurso de revocatoria. La empresa entonces debió acudir a un Tribunal de Apelaciones. De no prosperar esta vía, la compañía podría declararse en quiebra.
Se intentó conocer la posición de Aldesa por medio de llamadas telefónicas, pero no hubo éxito en la gestión.
