Paula Ruiz
La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto por los diputados del bloque independiente Nueva República, ligado a Fabricio Alvarado, mediante el cual pretendían frenar la norma técnica del aborto terapéutico.
La decisión fue tomada por los magistrados este viernes, tras el análisis del expediente 19-024112-0007-CO.
“La Sala concluye que el reclamo planteado por los legisladores no procede ser tramitado por medio de un recurso de amparo”, indicó la Sala mediante un comunicado de prensa.
El recurso había sido presentado por los diputados Jonathan Prendas, Ivonne Acuña, Marulin Azofeifa, Harlan Hoepelman, Carmen Chan, Nidia Céspedes e Ignacio Alpízar, días después de que el presidente Carlos Alvarado junto con el ministro de Salud, Daniel Salas, firmara la norma.
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El 12 de diciembre del año pasado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avaló la norma firmada por las autoridades del Poder Ejecutivo. Desde 1970, el artículo 121 del Código Penal avala el aborto impune. El procedimiento protege la vida de mujeres que están en riesgo ante situaciones del embarazo.
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Acción de inconstitucionalidad sí
En contraparte, los jueces acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad planteada sobre este mismo tema por otro grupo de congresistas.
Pese a ello, los magistrados fueron claros en que la admisión para estudio de la acción, no suspende la aplicación de la norma técnica.
Los diputados Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez, Shirley Díaz, Patricia Villegas y Wálter Muñoz interpusieron la acción contra el Decreto Ejecutivo, firmado por Alvarado y Salas que permitirá esta práctica.
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“A criterio de los accionantes, las normas impugnadas lesionan el derecho a la vida de la persona que está por nacer y los principios democráticos de separación de poderes y reserva de ley”, detalla la Sala.
Ahora, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la CCSS tienen un plazo de 15 días para presentar sus alegatos.
Sobre este mismo tema, los fabricistas también habían presentado otra acción de inconstitucionalidad la semana pasada.
“Esta norma no solo degrada la dignidad humana del gestante al tildarlos de ‘producto’ sino que no resguarda la vida de éste en iguales condiciones que a la mujer embarazada”, dijo Jonathan Prendas.
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