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Recope insiste en medidas para supuesto saboteador de plantel en Moín

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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) mantiene en el Tribunal Penal de Limón una solicitud de medidas cautelares contra su empleado Carlos Andrés Pérez, vinculado al aparente sabotaje del plantel de Moín.

El pedido empantana el análisis de un recurso presentado el 19 de marzo de 2019 por la Fiscalía Adjunta de Limón ante la Sala de Casación Penal.

Con la apelación, el Ministerio Público pretende que al trabajador se le juzgue por el delito de atentado contra plantas, en vez del de daños, como lo dispuso el Tribunal de Flagrancia de Limón el 27 de noviembre de 2018, en una sentencia de dos años de cárcel y diez de inhabilitación de cargos.

Ese mismo reclamo fue presentado por el órgano acusador del Estado ante el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José. Sin embargo, el mismo le fue rechazado el 26 de febrero de 2019, cuando una resolución ordenó liberar a Pérez y repetir el debate en su contra.

Mala elaboración del recurso

El defensor del encartado, José Miguel Villalobos, criticó -en conversación telefónica con El Observador– la impugnación presentada por la Fiscalía.

Consultado sobre los elementos incluidos en el recurso, el abogado señaló: “Posiblemente no pasará el examen de la admisibilidad”.

“No voy a comentar los detalles ahora, para no adelantar los argumentos que daré en caso de que lo admitan (el recurso en Sala Tercera). Nada más digo que está bastante mal elaborado”, agregó.

Respecto a las medidas cautelares que solicitó la Refinadora, Villalobos recalcó que sobre Pérez ya hay una suspensión en la vía administrativa. Debido a esto, no ve ningún problema con que el pedido se cumpla: que el imputado no se acerque a testigos ni a la institución.

Yerros y liberación

Los hechos que motivaron la investigación contra Pérez se remontan al 11 de setiembre de 2018, en el marco de la huelga contra la reforma fiscal. Esa noche, al empleado se capturó con su uniforme de trabajo impregnado de aceite dentro del plantel de la Refinadora en Moín, Limón.

En apariencia, el trabajador estuvo involucrado en la afectación que sufrió la subestación eléctrica interna que provee energía para la operación de los sistemas en las instalaciones. Además, supuestamente ocasionó averías al panel de control de las esferas de gas licuado de petróleo del lugar.

Durante el juicio en el que se halló culpable al funcionario, el representante legal de la entidad, José Ramón Morales, declaró que si se hubiese dado una explosión por las maniobras, la onda expansiva habría llegado a Matina, a unos 30 kilómetros de distancia del plantel.

La resolución del juez de Flagrancia, Sergio Céspedes, fue posteriormente anulada luego de que el Tribunal de Apelaciones del II Circuito Judicial de San José detectase siete yerros relacionados con: la conformación del tribunal, la valoración de pruebas, la omisión de penas sustitutivas y otras.


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